La UE quiere forzar a España a duplicar el número de farmacias

Expansión

  Abrir una farmacia como quien pone en marcha una zapatería o una tienda de muebles. En eso se resume, en la práctica, las exigencias que ha puesto la Comisión Europea encima de la mesa: pide liberalizar el sector farmacéutico, equiparando estos establecimientos al resto de comercios.

De esta forma, cualquier persona podría abrir una oficina sin necesidad de tener una licencia. El único requisito: que en cada farmacia haya un licenciado.

En Bruselas han puesto como ejemplo a Navarra, alternativa que propone Zapatero para el resto de España. Se trata, por tanto, de extender el modelo foral para obtener el mismo resultado que en este territorio; es decir, que haya una oficina por cada 1.083 habitantes, O, lo que es lo mismo: España deberá duplicar el número de farmacias abiertas hoy para cumplir con la Comisión Europea. Actualmente, hay 20.500 farmacias en toda España y, para alcanzar el ratio que exige Bruselas, se debe duplicar este número, hasta alcanzar las 40.000 oficinas.

El modelo de Navarra supone, así, avanzar hacia la liberalización, flexibilizando los criterios estatales, que exigen para cada farmacia una población de entre 2.800 y 4.000 habitantes, con una distancia mínima entre oficinas de 250 metros.

En Navarra, queda en 150 metros, con una extensa batería de excepciones para los criterios poblacionales –que deja el ratio incluso en 700 habitantes–, lo que ha permitido, desde el año 2000, abrir 247 farmacias, hasta las 554 actuales. Prácticamente el doble. Otras comunidades autónomas, como Madrid o Cataluña también han modificado la ley nacional –ya que tienen potestad para hacerlo–, pero Bruselas sólo considera liberalizador y pionero el caso navarro.

Calificativos muy contrarios de los que emplea para la normativa actual. Bruselas considera que España tiene ahora un sistema “desproporcionado”, en el que el objetivo de asegurar la oferta en un área determinada es “contraproducente”.

No son los únicos calificativos. Se trata, además, de un modelo “excesivo” por sus limitaciones de distancia entre oficinas, que se torna incluso “discriminatorio” cuando se da preferencia a los farmacéuticos con experiencia profesional dentro de una misma autonomía.

El Gobierno español debe responder ya al requerimiento, después de que la Comisión Europea le diera a finales de julio un plazo de dos meses para corregir su legislación. A Zapatero ahora se le agotan las posibilidades.

Primero intentará defender su postura en Bruselas, adonde viajará la ministra de Sanidad, Elena Salgado, para explicar al Ejecutivo comunitario el funcionamiento del modelo español que considera exitoso. No hay mucho optimismo sobre la efectividad de esta medida, dada la exigencia del Ejecutivo comunitario. El plan B es pactar una salida y flexibilizar los criterios actuales.

Y la tercera opción, la más factible y polémica, asusta al Ejecutivo de Zapatero: la Comisión tiene potestad para llevar a España ante el Tribunal de Justicia Europeo. Grandes países europeos, como Italia, ya han pasado por esto. Bruselas envió su expediente a Luxemburgo por “incompatibilidad de las leyes italianas con la libertad de establecimiento que fija el tratado comunitario”. La consecuencia inmediata: la libeleración transalpina.

El sector es crítico con la normativa comunitaria y confía en que la Comisión Europea rectifique cuando Salgado exponga en Bruselas “antes del día 15 de septiembre” –según el departamento que dirige– las alegaciones de España. La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles considera, por ejemplo, que “no somos nosotros los equivocados, sino otros, y tal vez Europa deba tomar los criterios de España”.

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos estima, en la misma línea, que España representa un “modelo” para sus vecinos comunitarios, ya que los precios figuran entre los más bajos de la UE. El sector teme que la entr

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