Trabajo lanzará una inspección especial contra la discriminación sexual

Expansión & Empleo

  El Gobierno estrechará el cerco a las empresas. Las conductas de desigualdad serán duramente perseguidas, justo cuando entra en vigor la nueva ley de igualdad, que incluye sanciones de hasta un millón de euros.

La ley de igualdad ha llegado de lleno a las empresas. O, al menos, deberá hacerlo durante el próximo año si las compañías quieren librarse de las sanciones de los inspectores del Ministerio de Trabajo.

El equipo que dirige Jesús Caldera lanzará una "actuación especial" contra la discriminación sexual en las empresas, para poner la puntilla a sus campañas dirigidas contra la desigualdad. Así figura en la memoria por objetivos de los Presupuestos para 2007 del Ministerio, donde las inspecciones para rastrear un trato desfavorable a las mujeres cobrarán un protagonismo desconocido, frente a los "ámbitos más clásicos de intervención inspectora, como tiempo de trabajo, salarios, derechos sindicales, cesión ilegal de obra, subcontratación...".

Con la nueva ley en la mano, que entrará en vigor el próximo año, la Inspección deberá revisar las nuevas obligaciones normativas. Las empresas tendrán el deber de negociar planes de igualdad en los convenios de las compañías que tengan más de 250 trabajadores, ya que en el resto basta con que existan "iniciativas" en este camino. Esos paquetes que revisará Trabajo deberán recoger medidas de acceso al empleo, de ordenación del tiempo de trabajo, de retribuciones y, como bandera ahora perseguida, medidas dirigidas a eliminar toda posibilidad de discriminación por razón de sexo.

En caso de no cumplir estas exigencias, el Gobierno plantea sancionar con multas de entre 301 y un millón de euros las conductas de discriminación sexual, sanción que puede suponer la exclusión "automática" de ayudas al empleo por las decisiones "unilaterales" que conlleven desigualdad en el salario, la jornada o la promoción. Se considerarán administrativas las vulneraciones del derecho a la igualdad de oportunidades. También se penarán los acosos, el incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas, especialmente cuando se deriven beneficios económicos para el infractor. Las multas podrán ser "leves", "graves" o "muy graves", según la importancia de los hechos punibles.

Los inspectores deberán hacer hincapié en los criterios tenidos en cuenta en la nueva ley de igualdad en esta graduación de las sanciones, como son la intencionalidad del sujeto infractor, la negligencia, el fraude, el incumplimiento de las advertencias previas, el volumen de negocios y el número de personas afectadas.

Dificultades de acceso

Detrás de todo este reglamento, subyace la filosofía: "Los datos indican que las mujeres continúan teniendo más dificultades en el acceso a algunos ámbitos de la vida económica, social y cultural: el desempleo es superior al masculino, existen diferencias en los salarios entre ambos sexos, el tiempo de oficio de las mujeres es prácticamente inexistente y hay una escasa presencia de mujeres en los órganos de poder y decisión", aseguran desde el PSOE.

En los últimos años, Trabajo ha llevado ya alguna actuación "programada contra la desigualdad por razón de género"; pero admite que "las cifras no son numéricamente muy significativas" por las "dificultades que plantea investigar y demostrar este tipo de desigualdades". De ahí que la intención de lanzar de forma definitiva con un plan especial estas inspecciones se compete con "la atención a las denuncias sobre acoso moral y sexual".

Además de las conductas de discriminación sexual, Trabajo potenciará "progresivamente" las que afectan a los discapacitados, "verificando el cumplimiento de la cuota de reserva del 2% o la adopción de medidas alternativas", concluye el documento de los Presupuestos Generales del Estado.

  Volver a Actualidad