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El Gobierno ha decidido abordar una de las grandes reivindicaciones de los trabajadores autónomos: que todo el colectivo tenga derecho a la protección por desempleo. La reforma tiene dos claves: por un lado aumentar la protección y el número de trabajadores que se podrán acoger a ella, y por otro obligar a todo el colectivo a cotizar por ello a la Seguridad Social.
El objetivo del Ejecutivo, que trata de cubrir una de las demandas históricas del sector de los trabajadores por cuenta propia, es que el sistema pueda autofinanciarse, sin tener que recurrir a fondos públicos adicionales. Asimismo, cuenta con unas reservas de 250 millones de euros, debido al escaso éxito de la protección voluntaria.
La reforma, incluida en la nueva norma que modifica las mutuas de la Seguridad Social -encargadas de gestionar esta prestación- da mayor flexibilidad para acceder a la cobertura. En concreto, el beneficiario deberá probar pérdidas al cierre del ejercicio, según informa el diario Expansión. Esto supone un importante flexibilización de los criterios, ya que hasta ahora el trabajador por cuenta propia debía demostrar que había tenido un resultado negativo equivalente a entre el 20% y 30% de los ingresos del ejercicio anterior, algo muchas veces imposible de probar por las características del sistema de módulos.
Crece la protección
Asimismo, crece la protección, ya que podrán acogerse a la prestación quienes incurran en causas como el cese del trabajo por razones objetivas (económicas, tecnológicas, organizativas y de producción); los que pierdan la licencia administrativa, siempre que no sea por infracciones penalistas; y quienes se queden sin trabajo por la ejecución de sentencias cuyo importe suponga al menos el 30% de los ingresos del ejercicio anterior.
También se amplía la cobertura para cubrir a los directivos con control de la empresa o los familiares colaboradores cuando sean despedidos. Se trata de una medida que afecta principalmente a las empresas familiares y a las sociedades laborales.