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Sólo 16.000 autónomos pueden acceder a programas de formación
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"Tan sólo 10 euros más al año". Este sería el coste que supondría la aprobación de la propuesta realizada por ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos) y Upta (Unión de Profesionales y Autónomos) consistente en la aportación por parte de los autónomos de la cuota voluntaria del 0,1% a la Seguridad Social y cuyo destino serían programas específicos de formación para el colectivo.
Este 'esfuerzo relativo' supondría ampliar, a coste cero, la dotación presupuestaria actual para programas formativos -5 millones- hasta 30 millones de euros permitiendo el acceso de más de 75.000 autónomos al sistema. Otra de las ventajas de la propuesta es que, si finalmente el Gobierno aprueba esta cotización, se equipararían las condiciones de acceso a la formación bonificada de autónomos y asalariados -únicos beneficiarios hasta el momento-.
Mayor formación
Para José Luis Perea, director de Formación y PRL de ATA, "de aprobarse esta cuota, no sólo se incrementaría considerablemente el número de autónomos formados, sino que se resolvería también el problema de la falta de calado de los programas de formación bonificada en las microempresas. Con el actual sistema se da la paradoja de que muchos autónomos, que son empleadores, están cotizando para formar a sus asalariados y ellos no pueden acceder a la formación, dadas las pocas plazas que se ofertan estando el empleado mejor formado que el formador".
Sebastián Reyna, secretario general de Upta, coincide en las cifras y en la valoración positiva de la iniciativa, pero señala que "por el momento el Gobierno ha hecho caso omiso y no se ha pronunciado al respecto".
Atendiendo a lo establecido en la Reforma Laboral, que obliga al Gobierno a pedir la participación de las asociaciones y representantes de autónomos en el desarrollo de los programas formativos, ambas asociaciones presentaron el pasado mes de marzo un estudio técnico que recoge las necesidades del colectivo. El informe destaca la necesidad de desarrollar líneas de formación específicas que aumenten el número de horas prácticas y perfeccionen el sistema de certificados de profesionalidad a distancia, que en palabras de Perea "en la actualidad son excesivamente largos y exigen muchas horas presenciales, lo que imposibilita que el profesional pueda compatibilizar la formación con su actividad" y añade que "el autónomo necesita cursos específicos, con una metodología distinta a la de los asalariados, que les permita compatibilizar la formación con el desarrollo de la actividad". Algo que corrobora Reyna, quien afirma que "hasta el momento no se ha desarrollado un sistema formativo pensado nuestro colectivo. Los autónomos necesitan una formación eminentemente práctica y compatible con su profesión."
En relación a si se ha realizado alguna propuesta por la que los autónomos en procesos formativos, tengan derecho a percibir una compensación económica durante el periodo que dura el aprendizaje, los portavoces de ambas asociaciones coinciden "es un objetivo deseable pero lejano por el momento y la situación que estamos atravesando".
Suspenso presupuestario
El presupuesto destinado a programas formativos descendió el pasado año un 30% a nivel estatal -de 12 millones de euros a tan sólo 5-. Incluso algunas Comunidades Autónomas recortaron en más de un 70% las dotaciones presupuestarias para acciones formativas.
Además de la carestía económica, las asociaciones de la economía social y representantes de autónomos demandan una mayor participación en los órganos de gestión y desarrollo de los planes de formación para el colectivo que representa más del 90 por ciento del tejido empresarial de nuestro país. En este sentido, Perea afirma que "actualmente no participamos en ningún órgano, ni de la tripartita ni en el consejo estatal de formación profesional". Aún así, se muestra esperanzado "como novedad este año sí tenemos un órgano técnico de asistencia específico para autónomos en la Fundación Tripartita, que hasta ahora no existía, y con el que colaboramos en la gestión de los programas y la resolución de las dudas que surgen en el propio desarrollo de los planes".
Otro punto que desarrolla el informe es el relativo a las 'especializaciones' formativas más demandas. El documento distingue entre formación sectorial y transversal. Sectorialmente, destaca la demanda de cursos para el sector primario (agricultura y ganadería), especialmente en lo relacionado con gestión de residuos y productos fitosanitarios. Le siguen construcción, servicios, turismo y 'sector blanco' (actividades sanitarias relacionadas con la dependencia).
Déficit de conocimiento
En cuanto al déficit de conocimiento de los autónomos el informe deja patente la necesidad de ampliar los planes dedicados a las TIC y redes sociales como herramienta de comercialización y posicionamiento de marca y producto, así como los programas específicos de gestión empresarial e idiomas.
Tanto ATA como Upta opinan que "invertir en formación no sólo mejora la competitividad empresarial, sino que también favorece la generación de nuevos empleos por parte del colectivo así como un ahorro de costes a los propios autónomos y pymes que no necesitarían depender de terceros para la realización de gestiones básicas como por ejemplo, la declaración de IVA e IRPF".
