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Las seis claves para entender la regulación de la financiación de las pymes
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El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 3 de octubre la norma que regula la financiación de las pymes, especialmente en lo relativo al crowdfunding. Una de las medidas más destacadas es que los inversores minoristas podrán invertir hasta 3.000 euros en un proyecto de micromecenazgo. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Franquicias y Emprendedores
La norma no acaba de convencer al sector, pero el Ejecutivo busca un equilibrio "entre la necesaria seguridad y la libertad de actuación", según explicó el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al propio Consejo de Ministros.
El proyecto aborda numerosos aspectos, pero son seis las claves que afectan al crowdfunding.
Preaviso
La obligación de avisar con al menos tres meses de antelación a las pymes cuya financiación vaya a ser cancelada o reducida en un 35% o más, es una de las novedades incorporadas. Además, se recoge la posibilidad de que estas empresas obtengan un informe sobre su posición financiera o su historial de pagos, así como su calificación crediticia, con el objetivo de darles un margen para que puedan reorganizar sus fuentes de financiación .
Inversores acreditados y no acreditados
El Gobierno ha hecho también una clara diferenciación entre estos dos tipos de inversores. Así, los acreditados, es decir, las instituciones, las empresas con más de un millón de euros de activos, dos de de facturación o 300.000 euros en recursos propios, y particulares con altos ingresos -rentas de más de 50.000 euros al año o un patrimonio que exceda los 100.000-, no tendrán restricciones a la hora de invertir en el proyecto que deseen. Sin embargo, los no acreditados estarán limitados a 3.000 euros por proyecto o 10.000 en el conjunto de plataformas, y deberán firmar como prueba de que han sido advertidos de los riesgos que este tipo de inversiones conllevan.
Mercado Alternativo Bursátil
Otra de las novedades contempladas es el impulso al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), a través de la flexibilización del tránsito a Bolsa de las compañías cuyo crecimiento requiera la cotización en este mercado. Asimismo, se establece un umbral de capitalización de 500 millones de euros, a partir del cual las sociedades que cotizan en el MAB han de solicitar la admisión en un mercado regulado.
Supervisión
El Proyecto de Ley refuerza la capacidad de control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cual pasa a ser la autoridad competente para supervisar y sancionar a las pymes que componen el MAB.
Nuevo régimen jurídico
Las plataformas que operan con el modelo de préstamos entre particulares o con el equity crowdfunding, es decir, las que pretenden un rendimiento dinerario para el inversor, pasarán a estar vigiladas por el Banco de España, órgano que se convierte en el principal aliado de la CNMV. En este sentido, el titular de Economía afirmaba que "se pretende revertir la dependencia al crédito bancario, ya que es importante no estar tan subordinados a de este".
Transparencia
Exigencia primordial de la nueva norma, el Gobierno pretende asegurarse de que todos los inversores tengan acceso a la información sobre aspectos como la propia plataforma, los promotores de los proyectos o los riesgos que implica invertir en iniciativas de este tipo.
