La retención fiscal prevista no se aplicará en facturas pequeñas

Cinco Días

  El Ministerio de Hacienda limitará la nueva retención fiscal, prevista en el anteproyecto de ley de prevención del fraude para los empresarios que tributen por el sistema de módulos. De hecho, la Agencia Tributaria está estudiando la posibilidad de que no se aplique esta nueva retención del 3% en las facturas entre empresarios, para el caso de pagos con cuantías menores.

Así lo explicó ayer el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, aunque no especificó cuál será la cantidad máxima por debajo de la cual no se obligará a practicar la retención.

Pedroche recalcó que esta nueva retención no tiene una finalidad recaudatoria, sino informativa (sirve de chivato al fisco), ya que obligará al pagador a efectuar una relación de los proveedores con los que se relaciona. El fin último es la lucha contra la emisión de facturas falsas, una práctica habitual en el sector.

La retención no se aplicará tampoco en el caso de facturas expedidas por un empresario al consumidor final (por ejemplo, un taxista a su cliente). Sólo tendrá incidencia entre empresarios, asunto que ya se ha granjeado las críticas de las organizaciones de autónomos.

El Gobierno prevé que el anteproyecto de ley, estudiado el viernes en Consejo de Ministros, sea aprobado en las próximas semanas, una vez que culmine la fase de información pública. Pedroche confía en que la ley entre en vigor en el segundo semestre del año.

El texto se centra en tres grandes objetivos: potenciar las facultades de los órganos de control del fraude, mejorar la información de la Agencia y reforzar las competencias en el cobro a deudores. El sector inmobiliario será uno de los más vigilados, con medidas como la obligación de consignar en la escritura de un inmueble, tanto la identidad de los intervinientes como el medio de pago utilizado. Ello dificultará el blanqueo de dinero en transacciones inmobiliarias, dice Pedroche.

Seis meses para dar la referencia catastral

El borrador de la ley antifraude incluye la obligación de consignar la referencia catastral de un inmueble en el recibo de luz ligado al mismo. Pedroche aclaró ayer que las empresas suministradoras de electricidad tendrán seis meses para adaptar los recibos que expidan a sus clientes (los consumidores) con el fin de que el dato se encuentre tanto en los nuevos contratos como en los ya vigentes. El objetivo es evitar el fraude en los alquileres de vivienda. Al consignar la referencia catastral del inmueble se vincula el pago del recibo que efectúe un inquilino con el propietario del piso.

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