La relación laboral de los profesionales liberales

ABC

  El Ministerio de Justicia trabaja en la redacción de un anteproyecto de ley que regule las relaciones laborales de los profesionales liberales.

Esta norma, que Juan Fernando López Aguilar quiere tener lista en esta Legislatura, constituye una de las reclamaciones históricas, entre otros colectivos, de los abogados y su redacción se ha reactivado en fechas recientes como consecuencia de la campaña de inspecciones realizada hace un año por el Ministerio de Trabajo en un centenar de despachos, la mayoría de ellos en Madrid. Las alarmas saltaron cuando Trabajo abrió expedientes a muchas de esas firmas porque los abogados que prestan en ellas sus servicios -sin ser titulares de las mismas- no están sujetos a un contrato laboral como asalariados.

La práctica habitual en un elevado porcentaje de despachos es la que los propios abogados denominan «relación interprofesional». Se trata de un contrato como «falso autónomo», una relación laboral indefinida que, según fuentes de la Abogacía, no está de por sí fuera de la ley y, además, salvaguarda la independencia de los abogados que ejercen su profesión por cuenta ajena. El contrato laboral común como asalariado impone unas condiciones que convertirían al abogado en un empleado puro, algo que «no se compadece con el ejercicio de esta profesión», explican las mismas fuentes, que insisten en la urgencia de consensuar de una vez por todas una ley de Sociedades Profesionales.

Un desembolso millonario

El objetivo de esta norma sería regular las relaciones laborales de los profesionales liberales -no sólo abogados, sino también arquitectos, médicos, etcétera-, estableciendo unos parámetros generales que respeten las especiales características de cada una de ellas. Otro aspecto muy importante es la ordenación legal de las sociedades multidisciplinares, en las que coinciden profesionales de distintos ramos. Los abogados han entregado al ministro de Justicia un borrador cuya redacción promovió en su día el Colegio de Madrid, que contó con el respaldo de la Comisión de Códigos y que hace años se intentó negociar con Margarita Mariscal de Gante y con José María Michavila.

La regulación legal de las relaciones laborales entre abogados en el seno de sus despachos es el objetivo de esta vieja guerra, que podría estar ya tocando a su fin. Lo que está en juego no es sólo el desembolso de varios millones de euros que supondría para los despachos ponerse al día con la Seguridad Social -aunque también-, sino, más allá, la adaptación de la normativa laboral a una profesión liberal en la que siempre debe primar la independencia del abogado. Ministerio de Justicia, Presidencia del Gobierno, Ministerio de Trabajo y Consejo General de la Abogacía (en la persona de su vicepresidente de Relaciones Institucionales y decano de Madrid, Luis Martí Mingarro) son las partes implicadas en las negociaciones.

Las inspecciones abiertas por el Ministerio de Trabajo hace un año provocaron la reacción de los abogados y abrieron una ronda de contactos que culminó con la publicación el pasado 18 de noviembre en el BOE de una disposición adicional a la Ley de Productos Energéticos en la que se establece que el trabajo desempeñado por aquellos abogados que no son titulares de un despacho y que prestan sus servicios por cuenta ajena tenga la consideración de «relación laboral de carácter especial», definición que satisface a la Abogacía.

En esa disposición adicional, el Gobierno se da un plazo de doce meses para desarrollar por real decreto la regulación de la relación laboral especial, fija el 1 de febrero de 2006 como día límite para que los despachos den de alta en la Seguridad Social a los abogados cuyo contrato encaje en ese nuevo modelo y da por válidas las cotizaciones satisfechas antes de esa fecha.

El problema habría quedado zanjado de no ser por la resolución que el 22 de noviembre -cinco días después de aparecer en el B

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