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Las pymes solo han pedido el 1 por mil de los fondos adicionales del ICO
Heraldo de Aragón
Nos acercamos a mediados de año, las pymes siguen necesitadas de liquidez para no echar el cierre a sus negocios y, sin embargo, de los 5.000 millones de euros destinados por el Instituto de Crédito Oficial a financiar una moratoria de sus propios créditos apenas se han concedido 5,35 millones, poco más del uno por mil de esa cantidad, para una irrelevante cifra de 249 operaciones. El presidente del ICO apenas entiende las razones de este fracaso. No es que falten candidatos: el aplazamiento en los pagos puede beneficiar a buena parte del saldo vivo de la deuda contraída en más de 300.000 operaciones hechas con autónomos y pequeños empresarios en los últimos tres años.
En la agencia financiera del Gobierno se temen que los bancos y cajas no estén difundiendo esta opción. Es bastante probable que muchos autónomos y pymes ignoren que el ICO está detrás de los préstamos que les proporcionan
las entidades con las que operan. Y aquí no existe la justificación que ha dado al traste con la moratoria hipotecaria: puestos a renegociar, los bancos y las cajas prefieren hacerlo directamente con el cliente, sin
acogerse a esta garantía complementaria, porque al usuario con posibilidades le colocan otros productos para acrecentar su rentabilidad. Tras modificar en tres ocasiones las características de esta línea, a petición de las instituciones, el ICO cree que no le quedan oportunidades por explotar en este campo. El de las pymes, sin embargo, es un terreno que domina. Y la moratoria que se les oferta plantea un procedimiento sencillo que requiere
la cooperación de la entidad de crédito intermediadora. Pueden acogerse a ella las 114.596 operaciones que, por importe agregado de 6.000 millones, se llevaron a cabo en 2006; las 134.860 que lograron financiación en 2007 y las
93.448 que totalizaron 6.734 millones de crédito en 2008. Las cuotas que, sobre los saldos vivos, corresponde pagar durante 2009, pueden amortizarse en 1, 2, 3 o 5 años a partir del 25 de enero de 2010.
