Proyecto de Ley de Regulación de las Empresas de Inserción

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  El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha presentado al Consejo de Ministros para su aprobación y posterior envío al Congreso de los Diputados, el Proyecto de Ley para la regulación del régimen de las Empresas de Inserción, es decir aquellas que promocionan la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social (se dedican a contratar a personas con este perfil para lograr que, tras aplicar medidas sociales y de adaptación profesional, puedan emplearse en el mercado laboral ordinario).

El principio que inspira la futura Ley es el cumplimiento del mandato de la Constitución Española que, en su artículo 9.2, ordena a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Integración social mediante la inserción laboral.

No obstante, existe un colectivo de personas especialmente desfavorecidas, en situaciones de marginación o de exclusión, que encuentran serias dificultades para acceder al mercado de trabajo debido a sus carencias sociales, culturales, a su desmotivación, al abandono de hábitos laborales o a cualquier otra circunstancia personal.

Con objeto de conseguir su integración social a través de la inserción laboral se crean las empresas de inserción (EI), que actúan en el mercado de bienes y servicios pero que tienen como objetivo fundamental la inserción de las personas socialmente excluidas, para lo que dedican una parte de sus puestos de trabajo al empleo de dichas personas, a las que imparten formación para el ejercicio normalizado de una actividad laboral hasta conseguir su acceso al empleo ordinario.

Más de cien mil beneficiarios potenciales.

En la actualidad no existe una definición comúnmente aceptada sobre el concepto y características de las empresas de inserción, por lo que resulta difícil elaborar un censo, pero los últimos estudios cifran su número entre 147 y 165 y entre 3.550 y 3.800 los trabajadores, de los que el 62% lo son en inserción. Más del 57% están implantadas en Cataluña, Andalucía y Madrid. Su facturación se cifra en 41,4 millones de euros y los principales sectores de actividad son: recuperadores y reciclaje, servicios personales y sociales, construcción, artes gráficas, jardinería y explotaciones forestales.

Si bien el colectivo afectado no es actualmente elevado, el potencial al que se dirigen sí lo es, ya que en 2006 hubo 100.857 titulares beneficiarios de Rentas Mínimas de Inserción, que es un grupo importante dentro de los excluidos sociales que contempla el articulado del proyecto de Ley.

El objeto de dicho proyecto es regular el régimen de las empresas de inserción, estableciendo los requisitos que tienen que cumplir y las actuaciones que deben desarrollar para insertar en el mercado laboral a los excluidos sociales. Hasta ahora la legislación que regulaba este tipo de empresas venía recogida en la disposición adicional novena de la Ley 12/2001 y en normas dictadas en once comunidades autónomas.

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