Proyecto para eliminar la contabilidad abreviada de las pymes

Expansión

  Las pymes españolas se han encontrado con un susto inesperado. En esta ocasión, en forma de nueva ley contable. El Gobierno ha incluido en el proyecto de ley de reforma de la contabilidad española la eliminación del sistema abreviado del que hasta ahora se han beneficiado las pymes.

La medida, contra la que ya ha planteado su rechazo frontal CiU, supone acabar con el mecanismo que permite que las empresas con menor disponibilidad de recursos humanos y económicos puedan verse libres de las exigencias contables totales y tan sólo tengan que realizar una cuenta de pérdidas y ganancias y una memoria simplificadas.

La norma permite actualmente que accedan a esta reducción de trámites las empresas cuyas partidas del activo no superen el millón de euros, cuya cifra anual de negocios sea inferior a 2 millones de euros, y cuyo número medio de trabajadores no sea superior a 10. Un grupo en el que se encuentran más del 70% de las empresas españolas.

El Proyecto de eliminación de este régimen, acabaría, así, con un sistema de contabilidad que cuenta con una fuerte implantación en la UE y que ha sido respaldado –por su capacidad para reducir trámites burocráticos– por organismos internacionales de gran prestigio como el ISAR (Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes).

Fuentes de la patronal CEOE han confirmado ya su rechazo a esta medida, al igual que CiU y el PP, partidos, ambos, que mantendrán una enmienda a la totalidad a la reforma.

La argumentación del Gobierno para la eliminación de este régimen simplificado pasa por su “escasa utilización”, un argumento que rechazan fuentes empresariales por el hecho de que la derogación de este mecanismo “independientemente de si el respaldo ha sido absoluto o no por parte de las compañías, su erradicación tendría una gran trascendencia pues, por lógica, quienes no estén optando por él, han adoptado la decisión por su mayor capacidad, y son precisamente las compañías más necesitadas las que sufrirían el impacto de quitarlo”.

La decisión española choca, además, con la adoptada por la Comisión Europea, y comunicada ya al IASB (International Accounting Standards Board), de publicar un proyecto de normas internacionales de contabilidad específicas para pequeñas y medianas empresas, en el que lleva trabajando desde el año 2003.

Precisamente, el organismo internacional de contabilidad ha difundo ya los primeros borradores sobre las normas para las pymes. Se trata, fundamentalmente, de una traslación a la realidad de las pymes de las normas internacionales, “mejor explicadas y con menos complicaciones, según las fuentes consultadas.

Debate en Pleno

La reforma contable se debatirá la semana próxima en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde los grupos de PP y de CiU defenderán sus vetos a la reforma del Gobierno.

El Grupo Socialista se muestra abierto a retocar durante el trámite parlamentario los aspectos más polémicos de la nueva legislación contable. Así, opina que podrá incorporarse alguna medida que contemple un trato diferenciado y más favorable para las pequeñas y medianas empresas.

Igualmente, el grupo parlamentario del Gobierno admite que se pueden suavizar otros aspectos, como el de la actualización del valor de los activos, que, según la reforma, deberán adaptarse al valor de mercado –esta modificación tiene luego repercusión en los ingresos de las empresas, y se traduce en una mayor factura fiscal–.

Esto castigaría, sobre todo, a las empresas con un importante peso de los inmuebles en su balance. En el PSOE existe una predisposición favorable a que esta actualización no tenga un impacto fiscal.

Estos retoques se verán cuando se debatan las enmiendas al proyecto de ley contable. Según el calendario que manejan los grupos parlamentarios, este<

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