El peligro de tener datos y no protegerlos

El Mundo

  A. M. R., 32 años, vive en la calle Remo de Madrid y sus ingresos medios son de 19.000 euros. Saber esto y no protegerlo puede costar a las empresas hasta 600.000 euros.

Las empresas españolas lo pueden pagar caro si no empiezan a preocuparse por cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

De hecho, la mayoría de ellas no han hecho los deberes y realizan un tratamiento ilegal -ya sea a drede o por desconocimiento de la ley-. Según un informe publicado por Penteo y Landwell-PwC con información de 254 empresas de todos los tamaños y sectores (excepto banca) en 2004, el 47% reconoce que sus bases de datos son ilegales, y muchas de las que afirman cumplir con la ley llevan a cabo prácticas contrarias a la Ley de Protección de Datos.

Casi todas las empresas y profesionales manejan datos personales en el desarrollo de su actividad. Basta pensar, por ejemplo, que una relación de clientes en una base de datos, o la relación de empleados, son ficheros de datos personales afectados por esta normativa.

Además, según Helas Consultores, primera firma de asesoramiento del mercado español en este asunto, la llegada de la Constitución Europea traerá consigo un endurecimiento de la Ley que en muchos casos podría provocar quiebras. Desde la empresa se calcula que tan sólo el 10% de las compañías cumple con la legalidad de protección de datos.

Sin embargo, las inspecciones anuales para controlar el correcto trato de los datos se incrementaron el año pasado un 135,54%, es decir, hubo alrededor de 1.300 inspecciones de la cuales 188 acabarán en procedimientos sancionadores: la sanción media es de 60.000 euros.

El desconocimiento de la legislación y la falta de formación de los empleados supone un alto riesgo a la hora de afrontar una inspección. La mayoría de nuestros clientes se preocupan cuando ven las orejas al lobo y las empresas más perjudicadas son aquellas de menor facturación, sobretodo por la desproporcionalidad que existe en torno a las sanciones, aseguraba el director de la consultora, José Helguero.

Por el otro lado, hay que tener en cuenta que ni el afectado por la vulneración de sus datos ni el demandante ven un sólo céntimo de la sanción que la APD (organismo totalmente independiente y financiado por el cobro de las sanciones) cobra a las empresas.

El primer problema que se observa para cumplir con las obligaciones legales es el anacronismo tecnológico en el que viven las compañías, ya que la mayoría de ellas no tienen la suficiente modernidad o capacidad para hacer frente las reformas necesarias.

Así, cuando se analiza la situación de las pymes se descubre que existe una falsa creencia sobre las posibilidades existentes en torno a la seguridad y tecnología de los datos.

No hay firewall, antivirus, o control de acceso informatizado que garantice la seguridad de los datos, sobre todo teniendo en cuenta que los datos más afectados por la falta de protección, concretamente más de un 90% de los casos investigados por la Agencia corresponde al manejo de datos de soportes tradicionales, como el papel, señalan desde Helas.

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