El economista
El Gobierno endurecerá a partir de hoy las sanciones administrativas a las empresas que empleen a trabajadores de forma irregular, con multas que pueden alcanzar hasta 10.000 euros, cuantía superior en cinco veces a las actuales.
El pasado 29 de abril el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley de medidas para la regularización y control del empleo sumergido, que fijaba un periodo de regularización voluntaria de tres meses, hasta el 31 de julio.
El plan establece que una empresa que incumpla la obligación de alta de un trabajador en la Seguridad Social tendrá a partir de hoy una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces superior a la actual de 626 euros, y máxima de 10.000 euros, frente a los 6.250 euros actuales.
Cuando el trabajador compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con trabajos "en negro", la empresa verá incrementada la sanción mínima de 6.251 euros a 10.000 euros, mientras que la máxima se mantendrá en los 187.515 euros.
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