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Si por algo se caracterizan nuestras pequeñas y medianas empresas es por lo que en psicología se define como resilencia. Sin embargo, según el último Informe País de Crédito y Caución, el contexto económico ha arrojado a 1.700 empresas al vacío de los procesos concursales. Y eso sólo en el último trimestre del año. Unos datos que según el estudio podrían agravarse aún más al cierre de 2013, en el que se aproximaran a 10.000 las insolvencias judiciales.
Como era de esperar el colectivo de empresas que más han sufrido las consecuencias es el integrado por pymes con una media de 20 trabajadores y más de diez años de antigüedad. Las causas, la recurrente falta de crédito y la elevada tasa de morosidad interempresarial.
Algo que se prevé largo, ya que a pesar de los incipientes pasos de una reforma bancaria, bajo el signo del Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) que ha inyectado 56.000 millones de euros a 10 entidades, según el Banco de España se necesitarán 10.000 millones de euros adicionales para que los bancos vuelvan a abrir el grifo del crédito y flexibilicen las condiciones de acceso.
Una carestía a la que se suma la todavía elevada tasa de impagos tanto por parte de la Administración pública como por el sector privado.
Indicios de mejora
Aún con la realidad de unos datos que se definen por sí mismos como poco alentadores, las previsiones que avanza Crédito y Caución de cara a 2014 revelan una ligera mejoría, especialmente en la evolución de las exportaciones, la recesión de la tasa de morosidad y en el crecimiento del consumo privado.
El próximo año, y por primera vez desde 2011, el gasto en los hogares retomará el signo positivo (+0,3) con un crecimiento de casi dos puntos con respecto a 2013. Un dato que se sostiene con el último índice de confianza del consumidor, que roza los 70 puntos, y continúa con tendencia alcista por cuarto mes consecutivo.
Otro factor que previsiblemente mejorará la estabilización de la economía de las pymes, será la recesión en el volumen de fallidos. La Ley de Morosidad y el incremento de la exigencia de las empresas en plazos y garantías han favorecido un descenso del 30% del impacto de los impagos por insolvencia empresarial.
Morosidad
El dato cobra fuerza si atendemos a la encuesta sobre morosidad empresarial del Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos) que destaca que la deuda de la Administración Pública descendió en lel último trimestre en 15 millones de euros. Aunque no se incluyen cifras sobre el volumen de deuda interempresarial, sí aporta datos acerca de la mejoría en el periodo de cobro en el sector privado, que pasa de 89 a 85 días. Un indicador al que aún le queda un largo recorrido para ajustarse al plazo de 60 días que establece la Ley de Morosidad.
No obstante y a pesar del moderado optimismo que empieza a vislumbrarse en el tejido empresarial de España la pregunta sigue en el aire, ¿será esto el principio de una etapa de crecimiento de empleo?