Ley de Horarios Comerciales ante el Constitucional

Heraldo de Aragón

  Varias comunidades autónomas estudian plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la controvertida Ley de Horarios Comerciales, decisión que tomarán antes de que concluya este año, una vez que la nueva normativa sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Baleares parece la más decidida a acudir ante el órgano máximo interprete de la Carta Magna, al considerar que el texto del Gobierno puede vulnerar sus competencias sobre comercio interior, opinión que en buena medida comparte el País Vasco y a la que podrían unirse otros territorios una vez analicen en detalle el documento oficial.

En Cataluña también puede existir un conflicto `de facto´ con la nueva ley, aunque desde ambos Ejecutivos -central y autonómico, liderados por los socialistas- se niega tal posibilidad. La normativa catalana, aprobada hace pocas fechas por su Parlamento, señala que sólo los establecimientos con superficie inferior a 120 metros cuadrados tendrán libertad horaria, mientras que el texto elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que dirige precisamente el secretario general del PSC, José Montilla, eleva ese límite hasta los 150 metros.

Este y otros puntos, como permitir que sean las autonomías las que regulen los negocios de conveniencia (por ejemplo, en aeropuertos y gasolineras), hicieron que CiU no apoyara el proyecto en el Senado, lo que unido a un exceso de confianza de los socialistas en su negociación, hizo que fuera aprobado el pasado día 1 sin incluir los últimos cambios previstos por el PSOE. No obstante, Montilla ha hablado ya con los nacionalistas catalanes, que mantienen su amenaza de promover un recurso de constitucionalidad, para reconducir la situación en el reglamento que desarrollará la ley en los próximos meses.

Recursos.

Mucho más probable parece la presentación de sendos recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) por otras autonomías. Baleares, la más resuelta a tomar ese camino, cuenta ya con un informe jurídico que la apoya. Sus técnicos creen que la regulación de las tiendas de conveniencia y los pequeños establecimientos invade el ámbito competencial de la comunidad. El motivo es que el Ministerio ha desarrollado de forma "pormenorizada y casuística" su normativa en este punto (artículo 5 de la ley), pese a tratar de una materia de comercio interior, donde sólo puede fijar una regulación básica.

En una situación similar se encuentra el País Vasco, que como otras comunidades debate en estas fechas su futura normativa comercial propia, si bien desde el PNV se muestra más preocupación ante la posibilidad de que se rompa su acuerdo con todo el sector para no abrir domingos y festivos. Del resto de territorios, varios gobernados por el PP -Castilla y León, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana y Madrid- también estudian acudir al Constitucional, pero todavía no han adoptado una postura unánime ante las dudas de algunos.

Para completar el horizonte de conflictos jurídicos que provoca la normativa comercial, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), tiene presentado un recurso ante los tribunales catalanes por la tasa que la Generalitat les cobra sobre su beneficio. También existen litigios abiertos en otras comunidades, por temas como las segundas licencias, mientras el Gobierno estudia retirar los pleitos que se iniciaron en la etapa del PP ante el TC.

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