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El dictamen del Consejo Económico y Social (CES) sobre el anteproyecto de Ley de Emprendedores estima que su objetivo resulta "confuso" y que su complejidad técnica limitará el uso de figuras como la del Emprendedor de Responsabilidad Limitada o el IVA de caja. Además, ve "preocupante" que no incluya "ni una sola mención" a la participación de los agentes sociales en la toma de decisiones.
Según el organismo presidido por Marcos Peña, la norma mezcla medidas de apoyo a los emprendedores con otras tendentes a facilitar el desenvolvimiento de la actividad empresarial en general o de la internacionalización de las empresas.
Además, considera que no ofrece una definición clara de la figura del emprendedor y excluye "implícitamente" a las cooperativas y sociedades laborales.
Por otro lado, el CES critica que la norma relegue al desarrollo reglamentario numerosas cuestiones "de calado", como el régimen especial de IVA o la regulación de cédulas y bonos de internacionalización.
Restricción de crédito
Otro de los peros del CES a la Ley se refiere a la ausencia de disposiciones que se dirijan a paliar la restricción del crédito que sufren las empresas. En este sentido, el dictamen pide que la Ley incluya medidas que refuercen los instrumentos financieros públicos y privados.
Asimismo, considera que, aunque a priori la nueva figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada permite a estas personas no arriesgar su vivienda habitual cuando no exceda los 300.000 euros, "las limitaciones normativas cuestionan el resultado de este precepto".
Del mismo modo, el CES entiende que la figura de la sociedad limitada de formación sucesiva, que evita tener que depositar todo el capital social en el momento de la creación de una empresa, es un claro ejemplo de "dispersión normativa" que generará inseguridad jurídica.
En cuanto al criterio de caja en el IVA, por el que los autónomos y pymes podrán abonar este impuesto cuando cobren de forma efectiva las facturas correspondientes, el Consejo ve una regulación "muy restrictiva" porque obliga a las empresas con criterio de devengo normal que contraten con ellas a establecer mecanismos de control adicional que complican la gestión del impuesto y "desincentivan" la contratación con estas empresas.