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España necesita mejorar en ciertos aspectos normativos para competir con el resto de países a la hora de atraer y crear oportunidades de negocio, según concluye el informe Doing Business 2014, que revela al legislador algunas claves sobre cuáles deben ser las tencencias normativas para mejorar la competitividad del país.
El informe, elaborado por el Banco de España y recogido en detalle en el número de esta semana de la revista jurídica digital Iuris&Lex, vuelve a traer malas noticias para España, como ya ocurrió el ejercicio pasado. En total, España pierde seis posiciones en el ranking -compuesto por 189 países-, pasando de ocupar la posición número 46 a la 52. Se trata de una caída más pronunciada que la experimentada en la comparación entre 2012 y 2013, que fue de dos escalones -de 44 a 46- y, según los datos que facilita el estudio, el peso de los impuestos tiene mucho que ver con esta caída.
El informe -que evalúa la capacidad de crear empresas, la facilidad para crear relaciones comerciales, exportar e importar, acceso al crédito o capacidad jurídica para resolver problemas de insolvencia o protección a los inversores- sólo da una puntuación más elevada a España en uno de los indicadores analizados: comercio transfronterizo. Es decir, el país destaca -exactamente en tres puntos más- cuando se trata del tiempo, coste, documentación, etc. necesarios para importar y exportar bienes. Sin embargo, España cae en 34 posiciones cuando se trata del pago de impuestos. Ello implica que aspectos como el número de pagos, la falta de facilidad a la hora de materializarlos, o los tipos aplicables, estarían dando problemas.
Facilidad para crear negocios
La facilidad a la hora de crear negocios cae en 6 puntos, a pesar de las dos Leyes de Emprendedores aprobadas en lo que va de legislatura -si bien la última acaba de comenzar su andadura-. A ello se suman los aspectos burocráticos relacionados con la concesión de permisos, aspecto que empeora en 7 puntos. Además, el acceso al crédito cae en tres puntos con respecto a 2012, y la protección al inversor desciende en tres puntos.
A todo ello se suman los problemas derivados del registro de propiedades -requerimientos notariales, obtención de la documentación necesaria, impuestos aplicables a estos trámites...-, donde España, que cuenta con un sistema más garantista que otros países, suele presentar bajas puntuaciones.
La puesta de soluciones a los casos de insolvencia -que obedece a parámetros como el tiempo que tarda en llevarse a cabo, su coste o la tasa de recuperación- cae dos puntos, pero a pesar de su discreta caída, se trata, con diferencia, del aspecto peor valorado por el informe en lo que atañe a España, con 22 puntos. Le sigue en esa mala clasificación precisamente el comercio transfronterizo -a pesar de ser el único indicador que mejora-, que cuenta con 32 puntos. En cuanto al punto más valorado, se trata de la capacidad de iniciar negocios, que suma 142 puntos.