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"Hacienda dedica el 80% de sus efectivos a investigar a los autónomos y las pymes"
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El pasado día 29 de enero tuvo lugar en Madrid la presentación del informe La economía sumergida pasa factura. 'El avance del fraude en España durante la crisis', realizado por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) bajo la dirección de Jordi Sardá, profesor de la Universidad Rovira i Virgili. La presentación corrió a cargo del propio Sardá, José María Mollinedo y Carlos Cruzado, secretario general y presidente de Gestha, respectivamente.
Entendida como aquella actividad económica productiva que se esconde a la administración de forma deliberada con el objetivo de evitar el pago de impuestos, cotizaciones a la seguridad social, evitar el cumplimiento de normas laborales y procedimientos administrativos.
Labor no correctamente investigada por la Agencia Tributaria, según José María Mollinedo, secretario general de Gestha, porque se dedica un 80% de los efectivos a investigar a pymes y autónomos, dejando vía libre a las grandes empresas y fortunas.
Según dicho informe desde el inicio de la crisis en el año 2008 la tasa en nuestro país ha aumentado casi en 7 puntos pasando del 17,8% del PIB al 24,6% en 2012, lo que se traduce en 253.000 millones de euros ocultos en este último año. En total, un aumento de 60.000 millones de euros desde el inicio de la crisis y un aumento medio de 15.000 millones por año.
Muy alta para Europa
Pero no es el único que apunta la alta tasa de economía sumergida en España, anteriormente se publicaron otros informes como el del profesor Schneider para Visa Europa que situaba la cifra en 19,2% en 2012; el Informe Funcas que lo hacía en 23,7% en el año 2011; y el Tax Gap que la situaba en el 29,1%, posicionándola como la más alta del sur de Europa. Esto es debido a la falta de voluntad política en la lucha contra el fraude, contra el cual, o no se toman decisiones, o se toman demasiado tarde, según denunciaron los ponentes en la presentación. Tal es el caso de la Ley de Transparencia, recién aprobada por el Gobierno el pasado 9 de diciembre, que en la mayoría de países europeos existe desde hace décadas, y la falta de informes al respecto.
Esa falta de voluntad política es debida a la comodidad que supone seguir con las políticas ya existentes, que resultan ineficaces, terminar con la publicidad de cifras que lleva a cabo el Gobierno, por la jerarquización y falta de competencias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat) y por la falta de revueltas sociales.
La territorialidad afecta
Como peculiaridades de este informe cabe destacar la territorialización de los datos, la relación que se hace entre el fraude y el problema de moralidad en España a la hora de pagar impuestos, el efecto distorsionador de las capitales de provincia y la combinación del rigor técnico y académico.
No afecta de igual forma a toda España, y la brecha no hace más que aumentar a medida que avanza la crisis, pasando de 7,3 puntos porcentuales en el año 2003, entre la provincia que más fraude tenía y la que menos, a 15,1 en el año 2012.
Dentro de esta comparativa quedan excluidos el País Vasco y Navarra, además de Ceuta y Melilla, puesto que poseen un tratamiento fiscal distinto y su homogeneización con el resto de España resulta difícil de llevar a cabo.
Las zonas que mayor economía sumergida presentan son las más castigadas por el paro y la crisis del ladrillo: Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Valenciana y Castilla y León, cuyas tasas superan el 26% del PIB. La mayoría de ellas, como se puede apreciar, de interior y con poca actividad económica, sobre todo en las zonas rurales.
Por provincias las más afectadas en 2012 eran Ávila, Albacete, Ourense y Toledo, y las que menos Madrid, Tarragona, Lérida, Barcelona, Zaragoza y La Rioja.
El 'efecto capital' de Madrid
En el lado opuesto se sitúa Madrid, con la tasa más baja, un 17,3%, una cifra muy por debajo del resto de comunidades, provocado por el efecto distorsionador que le confiere la capitalidad, junto con el resto de las capitales de provincia, en su caso acrecentado al ser también la capital del estado.
Esto se debe a la concentración de grandes empresas y fortunas que tributan en la misma y hacen que su recaudación de impuestos sea mayor, pero que llevan a cabo su actividad fuera o que se aprovechan de exenciones fiscales, al igual que ocurre con el resto de capitales de provincia. En el caso de Madrid el 60% de las 100 mayores corporaciones ubicadas en España, han elegido la ciudad para instalar su sede. Sin embargo, este dato se ve compensado con las prácticas abusivas llevadas a cabo por estas corporaciones, como aprovecharse de las exenciones fiscales, al no estar suficientemente vigilados por la Agencia Tributaria.
Como medidas, proponen un mayor conocimiento del fraude existente, alentar la conciencia ciudadana y aumentar el control, el pago de impuestos según la capacidad económica, ampliar y mejorar los recursos de la agencia tributaria, establecimiento de objetivos realistas, mejora de la comprensión entre administraciones públicas y el Estado, mayor control del gasto público, reducción de la ilusión fiscal y limitación del uso de efectivos.
