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Hacienda baraja pagar a los proveedores y descontar el importe en las transferencias
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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está decidido a acabar, por las buenas o por las malas, con la lacra de la morosidad de las Administraciones para con sus proveedores y, para ello, el pasado lunes asumió ante los empresarios catalanes el compromiso de que a final de este año todas las Administraciones públicas pagarán sus facturas en 30 días, a través de un cambio normativo que incluirá una operación financiera que se aprobará en las próximas semanas.
Durante su intervención en la clausura de la Asamblea General de la patronal catalana Foment del Treball, Montoro admitió que, a pesar de los planes de pago a proveedores, todavía hoy "hay 13.000 millones de euros pendientes de pago" en facturas con los suministradores que, dijo, se están pagando en muchos casos a 250 días, es decir con más de ocho meses de retraso con respecto al plazo legal. Una vulneración flagrante de la ley por parte de quienes deberían ser los primeros en cumplirla, y que no sólo es la causa fundamental de los problemas de liquidez que padecen los autónomos y las pymes, sino que está en el origen del cierre o de la suspensión de pagos de uno de cada cinco negocios en España.
Aunque el ministro no especificó en qué consistiría ese cambio en medios próximos a su Departamento apuntan que una de las fórmulas que está sobre la mesa es la de que sea Hacienda quien asuma directamente el pago a los proveedores, para luego descontar las cuantías abonadas en las transferencias que tiene que hacer a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales.
Los datos del último informe sobre plazos de pago, elaborado por la Federación de Autónomos ATA, muestra cómo el plazo medio de pago de las Administraciones ha pasado de 148 a 151 días, muy lejos de los 30 días que establece la ley, mientras que la cuantía de la deuda con los autónomos ha subido en 28 millones, totalizando, a día de hoy, 4.839 millones de euros.
El desglose de la morosidad por Administraciones sigue situando a los ayuntamientos y las comunidades autónomas como los grandes morosos de nuestro país, con unos plazos de pago de 157 días para las corporaciones locales y de 145 días para las autonómicas, mientras que la Administración Central está muy próxima al plazo legal.
Mejora la inflación
El análisis por comunidades autónomas sitúa a las Administraciones Públicas de Cataluña en primer lugar del ranking nacional de morosidad con una media de pago de facturas atrasadas a autónomos y pymes de 155 días. Le siguen la Comunidad Valenciana y Andalucía con 153 días y Asturias y Murcia, que tardan en pagar sus facturas 151 y 152 días, respectivamente.
Además, las Administraciones Públicas españolas adeudan a sus proveedores 1.366 millones de euros en concepto de intereses de demora generados por las deudas del ejercicio 2012.
De esta cifra, los datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) muestran que las comunidades autónomas adeudan un total de 742 millones de euros en intereses de demora generados, otros 435 millones corresponden a las entidades locales y sólo 189 millones de euros a la Administración Central.
Motivos para el optimismo
Al margen de la morosidad, Montoro se mostró optimista por la evolución de la economía española, recordando el buen comportamiento de las exportaciones, de la balanza corriente, y la fuerte reducción de la necesidad de financiación, antes de anunciar que la inflación estará a final de año por debajo del 1% y en torno al 0,5% después del verano del próximo ejercicio, lo que supondrá un incremento de la competitividad, además de la recuperación del poder adquisitivo de los consumidores.
En cuanto a financiación, el ministro calificó de muy buenas las medidas que plantea la Unión Europea para la financiación de las pequeñas y medianas empresas, y recordó que la estrategia de Bruselas va en una doble vía: la investigación y el desarrollo y la economía baja en carbono, "y tenemos que adaptarnos a esto".
