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El Gobierno quiere ampliar el 'cheque parado' a quienes quedaron sin ayudas en junio
Expansión
El Gobierno podría ampliar el plazo de inicio de la ayuda de 420 euros para parados sin prestación del 1 de agosto al 1 de junio, dos meses más sobre la propuesta inicial, lo que incluiría 500.000 parados más.
El Ejecutivo ha dado un paso para intentar conseguir un acuerdo con los sindicatos en la polémica sobre el cheque parado. Gobierno y sindicatos concluyeron poco antes de la medianoche la reunión en la que retomaron la posible ampliación de la ayuda de 420 euros a parados que hayan agotado sus prestaciones y subsidios y no cuenten con ingresos suficientes.
El Ejecutivo puso sobre la mesa que esta ayuda se prorrogara hasta el 1 de junio "dos meses más sobre la propuesta inicial", una medida que CCOO y UGT calificaron de "insuficiente", informaron a Europa Press fuentes sindicales.
De esta forma, el Ministerio de Trabajo aceptó revisar los términos de la ayuda de 420 euros, que desde su puesta en marcha el pasado 17 de agosto había sido objeto de polémica porque no beneficiaría a todos los parados que se encuentren en esta situación, sino sólo a los que agoten sus subsidios desde el 1 de agosto.
El Gobierno hará extensiva hoy a los Grupos Parlamentarios la propuesta presentada anoche a los sindicatos. Además, subrayaron la voluntad del Ejecutivo de convalidar el decreto en el Congreso "con el máximo consenso posible".
La medida, que ya está en vigor, recoge que tienen derecho a la misma durante seis meses quienes estuviesen en esta situación desde el pasado 1 de agosto, carezcan de rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional "es decir 468 euros", y se comprometan a buscar trabajo y hacer un curso de formación.
CCOO quiere que la patronal participe en el acuerdo y UGT plantea la medida desde el 1 de enero. El Gobierno estima que con estas condiciones la nueva prestación beneficiará a 340.000 personas, con un coste de 640 millones de euros hasta febrero de 2010. A partir de aquí cada mes de ampliación hacia atrás, a partir del 1 de agosto, supondrá cien millones de euros adicionales. Que puedan acogerse a la nueva prestación quienes se hubiesen quedado sin ingresos a partir del 1 de junio supondría elevar su coste a los 840 millones de euros.
En la reunión de anoche, UGT planteó que pudieran beneficiarse de la medida quienes reuniesen las condiciones el 1 de enero. CCOO propuso ayer incluir a los beneficiarios dentro de la prestación conocida como la Renta Activa de Inserción, eliminando el requisito de que los beneficiarios deben ser los parados mayores de 45 años con responsabilidades familiares.
Pero el acuerdo con los sindicatos no es el único problema. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció ayer que no pagará la nueva ayuda a los parados que no tengan ningún tipo de prestación, una vez que la hayan recibido del Gobierno central durante seis meses.
Aguirre dijo que Madrid ya cuenta con una Renta Mínima de Inserción. Esta ayuda básica asciende a 370 euros mensuales para una persona; con sucesivos complementos en función de la unidad familiar.
En declaraciones a Telecinco, Aguirre, del PP, añadió que "yo creo que [con la nueva prestación para los parados] el Gobierno ha hecho bastante el ridículo porque primero dijo que era para los que se quedaran sin prestaciones a partir del 1 de agosto, y fue tal el escándalo que decidió virar para atrás (sic)".
El PSOE se reunirá con la oposición en busca de apoyo a la norma en el Parlamento."La clave [de la nueva ayuda para los parados] está en el Parlamento", dice Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT. Y tiene razón. Es ahí donde el Gobierno debe obtener el acuerdo de una mayoría de los grupos políticos para ampliar una cobertura de 420 euros mensuales que, en principio, estaba prevista para todos aquellos que, a partir del 1 de agosto, no tuvieran prestación.
Precisamente, el PSOE anunció ayer que esta semana se reunirá con todos los grupos parlamentarios para negociar un cambio en el Real Decreto. Ningún grupo se puede negar a ampliar el número de parados que puedan acogerse a esta prestación.
Sin embargo, los problemas para el Ejecutivo pueden llegarle por la izquierda, porque tanto Izquierda Unida como Esquerra Republicana de Cataluña han advertido al Gobierno de que no apoyarán la norma si no amplía la cobertura hasta todos aquellos que se quedaron sin ningún tipo de prestación a partir del 1 de enero pasado. Esto dispararía el gasto de una medida que, desde el 1 de agosto hasta febrero de 2010, ya cuesta 640 millones de euros.
