El Gobierno bajará una parte de los costes del despido a las pymes

La Vanguardia

  El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, está dispuesto a convertirse en el árbitro de la reforma del mercado de trabajo. De esta manera, pretende desbloquear las negociaciones de la concertación social, que se encuentran en un callejón sin salida. En los próximos días entregará a patronal y a sindicatos una propuesta sobre la reforma laboral que propone el Gobierno, que recoge parte de las reivindicaciones que plantea la patronal CEOE y parte de las reclamaciones presentadas por CC. OO. y UGT.

Según fuentes gubernamentales, estaría dispuesto a rebajar en parte los actuales costes de despido. La fórmula podría consistir en ampliar a las empresas de hasta 50 empleados las subvenciones del 40% en las indemnizaciones por despido. Asimismo, podría reducir las subvenciones que pagan las empresas al Fondo de Garantía Salarial. Incluso, podría aceptar ampliar el "fomento de empleo indefinido" a los trabajadores de entre 30 y 45 años, a quienes les correspondería una indemnización de 33 días por año trabajado. Las empresas se beneficiarían de un aumento de las bonificaciones a las cotizaciones sociales.

Por el contrario, se mantendría la actual indemnización de 45 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades a todos los trabajadores que disfruten en la actualidad de contrato indefinido.

Estas propuestas no satisfacen los planteamientos de la patronal, que quiere generalizar la indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades a todos los nuevos contratos fijos que se firmen a partir de la reforma. También quiere una rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social aprovechando su importante superávit, que el próximo año podría situarse en torno a los 9.000 millones.

En cuanto a los sindicatos, el Ministerio de Trabajo aceptaría limitar los contratos temporales a las actividades de temporada. Asimismo, estaría dispuesto a aplicar un mayor control a las subcontratas, de tal manera que las empresas contratantes asumirían parte de la responsabilidad de estos trabajadores. También se comprometería a aumentar la inspección laboral, la lucha contra el fraude y el encadenamiento de los contratos.

Con el fin de dar una mayor dimensión al pacto social, Trabajo ha decidido impulsar la reforma de la Seguridad Social y el desarrollo de la ley de dependencia. El Gobierno aceptaría destinar una parte del superávit de la Seguridad Social a subvencionar el cuidado de las personas dependientes. Inicialmente esta aportación de la Seguridad Social se mantendría por un periodo de unos diez años. De esta manera, la aportación del Estado iría subiendo gradualmente, de forma proporcional a la disminución de las aportaciones que haga la Seguridad Social.

En cuanto a la reforma de la financiación de la Seguridad Social, el Ejecutivo se ha mostrado partidario de ir incrementando gradualmente el número de años de cotización que se toman de referencia para calcular la cuantía de las futuras pensiones, como recomienda el pacto de Toledo.

Por otra parte, Caldera ha adelantado que propondrá en el último Consejo de Ministros del año un aumento del salario mínimo en torno a un 5%. Esto lo elevaría de 513 a 540 euros mensuales a partir del 2006.

Estas propuestas permitirían desbloquear las negociaciones, aunque siguen muy alejadas de lo que defienden patronal y sindicatos.

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