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El Gobierno no aplica su Ley de Igualdad en 13 de los 17 ministerios
Expansión
La lectura que se desprende del informe anual sobre la Administración General que elabora anualmente Economía –el referido a 2008 mide por primera vez la presencia femenina– es rotunda.
El año pasado, el número de altos cargos se incrementó un 6%, hasta sumar los 369 efectivos, pero esta ampliación no se aprovechó para adecuar la composición de los cuadros de mando a la norma, que impone que la representación de cada género no supere el 60% ni sea inferior al 40% del total.
Economía, Fomento, Industria e Interior –los departamentos con menos mujeres en sus cúpulas directivas– fueron los que ganaron más incorporaciones, entre un 6% y un 20% respecto a 2007. Los sorprendente es que estos retoques no dieron un vuelco a su composición.
En el Departamento que ahora dirige Elena Salgado hay 27 altos cargos varones frente a 11 mujeres, mientras en el Ministerio que pilota José Blanco sólo tres de las veinte sillas las ocupan mujeres.
La balanza se inclina hacia el mismo lado en los ministerios de Miguel Sebastián y Alfredo Pérez Rubalcaba. Ambos cuentan con cinco directivas, frente a los catorce y doce varones restantes. La armonía también se disipa en otros nueve ministerios, aunque con más intensidad en Trabajo (nueve mujeres frente a 21 hombres), Medio Ambiente (los directivos varones triplican la presencia de mujeres) y Ciencia e Innovación (no hay ninguna mujer).
Las excepciones las ocupan Igualdad, Vivienda, Sanidad y Cultura. En términos rigurosos tampoco pasa el examen Justicia. En conjunto, la Administración General de Estado –esto es, ministerios más organismos autónomos– sigue masculinizada: los varones copan siete de cada diez cargos. Entre los entes públicos, se salvan la Agencia Española de Cooperación, la de Protección de Datos y la Comisión Nacional de la Energía.
En la cuerda floja están la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y el ICEX, porque tienen, respectivamente, cuatro y veinte directivas “eventuales”. Además, en sus casos, se computa, junto a los altos cargos, el número de “técnicos y similares”, lo que distorsiona el resultado.
Dos años de deberes
La Ley de Igualdad, en vigor desde marzo de 2007, “consagra el principio de equilibrio entre hombres y mujeres en las listas electorales y en los nombramientos realizados por los poderes públicos”.
Para lograr la “igualdad real efectiva”, la norma permite adoptar “acciones positivas”, es decir, medidas que permitan corregir, con métodos intervencionistas, las situaciones donde la mujer tiene una presencia minoritaria, un aspecto que el sector privado ha venido denunciando repetidamente.
Principios básicos
-Las sociedades “deben procurar” que la representación de cada género en los consejos no exceda del 60% ni sea inferior al 40% del total.
-Los juristas interpretan esta fórmula de la Ley de Igualdad como una obligación, ya que la Autoridad pedirá explicaciones a quien tenga un Consejo de composición defectuoso.
-Los poderes públicos tienen el “mandato de remoción de situaciones de constable desigualdad fáctica”. Se les permite establecer “un derecho desigual en favor de las mujeres”.
-La obligación se extiende a la Administración del Estado, los organismos públicos vinculados no dependientes, los consejos donde participen y, en general, los cargos de responsabilidad.
