Fumar en el trabajo tiene los días contados

El Periódico de Cataluña

  • El veto al tabaco en centros cerrados en enero tiene el apoyo de casi todo el arco parlamentario

• La ley obligará a los 300.000 bares y restaurantes a tener zonas sin humo o a impedir que se fume

El veto total al tabaco en centros de trabajo cerrados será una realidad el próximo 1 de enero. Esta iniciativa de la ley antitabaco, que inicia su debate el miércoles que viene en el Congreso de los Diputados, cuenta con un apoyo mayoritario. Sólo CiU defiende salas para fumadores. Asimismo, todos los bares y restaurantes han de tener zonas sin humo o impedir que se fume. El respaldo al proyecto supera el 90%.

EMPRESAS

Prohibición en todas las dependencias

PSOE, PP, PNV y Coalición Canaria están de acuerdo en que fumar en los centros de trabajo cerrados, públicos y privados, y en todas sus dependencias (incluidos despachos), esté totalmente prohibido y sea sancionado con una multa de 30 euros, siempre que no se sea reincidente. ERC también lo apoya, pero pide en una enmienda que la ley se refiera a "lugares" en vez de centros.

La portavoz del PSOE Isabel Pozuelo aseguró que esta matización no prosperará, ya que abriría la posibilidad de fumar en espacios anexos como patios, balcones o azoteas. Y mucho menos la enmienda de CiU que pide salas de fumadores.

HOSTELERÍA

O se acota el 30% o se impide que se fume

El otro punto más conflictivo de la norma, los bares y restaurantes, cuenta con mayoría absoluta. Los 300.000 locales de España, sea cual sea su tamaño, habrán de elegir entre dedicar el 70% del espacio a no fumadores o prohibir el tabaco enteramente en sus locales. El anteproyecto sólo exigía dedicar espacios a no fumadores a los locales que superasen los 100 metros cuadrados y en los menores se facultaba al dueño a decidir si se fumaba o no con la obligación de anunciarlo de manera visible a la entrada y en el interior.

Todos los grupos han apostado porque el trato sea igualitario, independientemente del tamaño. CiU pide que se dé un plazo de un año y exenciones fiscales para acondicionar los locales, ya que según su portavoz, Jordi Xuclà, es costoso. El PSOE defiende que quizá con seis meses "es más que suficiente".

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