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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advierte de que el llamado mecanismo de segunda oportunidad para emprendedores, que les exonerará del pago de determinadas deudas, puede conllevar una eventual restricción crediticia, al tiempo que configurará una "forzosa solidaridad" entre acreedores.
Perdonar sus deudas al empredendedor que haya obrado de buena una vez que se haya ejecutado su patrimonio embargable puede solventar las dificultades que plantea el sistema vigente "aunque no es descartable que surjan voces críticas", advierte el CGPJ en un informe sobre el anteproyecto de Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización.
Asimismo, el CGPJ critica la falta de definición de la labor que debe hacer el mediador concursal en la solución negociada entre empresas y acreedores y aboga por diseñar mejor su régimen jurídico.
Acuerdo Extrajudicial de Pagos
Además, defiende que el Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP) que incluye el anteproyecto de Ley de Emprendedores se extienda a los consumidores y a las familias y no sólo sea efectivo para los empresarios individuales, ya que el sobreendeudamiento personal y familiar constituye actualmente un problema de primer orden.
Asimismo, se refiere a la falta de regulación y clarificación en el que caso de que se anule el Acuerdo Extrajudicial de Pagos y las consecuencias que ello conllevaría.
El CGPJ también pide "reflexionar" sobre la conveniencia de atribuir al mediador consursal la facultad de instar, con carácter obligatorio, la declaración de concurso y rechaza que el mediador pueda desempeñar el cargo de administrador concursal.
Reducción de ingresos
El anteproyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización fue aprobado el 28 de junio por el Consejo de Ministros y, según la memoria económica que adjunta, supondrá un reducción directa de ingresos públicos de unos 1.924 millones de euros en 2014, y de otros 1.368 millones en 2015 y los años siguientes.
La nueva Ley incluye como principal medida el nuevo régimen de IVA con criterio de caja que se aplicará a partir del 1 de enero de 2014 para las pymes con una facturación inferior a 2 millones de euros.
La estimación de la Agencia Tributaria es que esta medida suponga un coste en la recaudación de 983 millones de euros en 2014.
Impacto positivo
No obstante, el Gobierno señala que la Ley tendrá un impacto positivo sobre el crecimiento y la creación de empleo y estima una reducción de cargas administrativas sobre empresas de 122,9 millones de euros anuales.
Además, los nuevos incentivos fiscales a los inversores informales facilitarán la financiación de alrededor de 1.000 proyectos empresariales nuevos y de la deducción por reinversión de beneficios se podrán beneficiar alrededor de 200.000 personas y 185.000 sociedades de reducida dimensión.
En cuanto al impulso a la internacionalización el Ejecutivo prevé que los nuevos visados y autorizaciones de residencia para inversores y emprendedores tengan un efecto favorable en la inversión extranjera, ya que según consta en la memoria "se facilita a más de 5.000 empresas, el traslado a España de su personal cualificado".