Las empresas deberán contratar un seguro para daños a la naturaleza

Heraldo de Aragón

  Las empresas e industrias con riesgos contaminantes tendrán que tener una póliza, seguro o aval financiero para compensar los posibles daños que puedan ocasionar a la naturaleza. El gasto de la póliza será costeado por las propias empresas. Así lo anunció ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, dentro de las jornadas "El nuevo régimen de responsabilidad por daños al medio ambiente" que organizan la Fundación Biodiversidad y el propio Ministerio. Narbona aseguró que se está trabajando en el borrador del anteproyecto y que éste podría ser llevado al Consejo de Ministros a lo largo del año. "Es un proyecto ambicioso, una normativa que va más allá de las exigencias de la directiva europea".

La ministra dejó constancia de las carencias legales que, en nuestro país, existen en esta materia. "No hay nada legislado", dijo. Y sentenció: "Cuando hay un incendio nadie va a la cárcel". Narbona considera "estrictamente necesario" que las empresas con riesgos contaminantes analicen "con rigor" sus métodos de producción para prevenir "daños irreparables".

La futura normativa presenta un aspecto innovador: la creación de un fondo estatal de reparación de daños ambientales para aquellos supuestos en los que, a pesar de que las empresas no se hayan desviado de la ley, un determinado agente deteriore el medio ambiente. Esta cláusula permitirá que "todos los daños sean compensados".

La ministra insistió en la ambición de una normativa que legisla supuestos daños por contaminación nuclear y marina, extremos que no contempla la directiva europea al considerarlos cubiertos en los tratados internacionales.

Ronda de contactos.

El primer paso, una vez que se haya terminado de pulir el borrador del anteproyecto, es presentarlo a las Comunidades Autónomas, a las autoridades judiciales y a los agentes empresariales para que procedan a su estudio. El Ministerio de Medio Ambiente también entrará en contacto con las compañías aseguradores con el fin de fijar posiciones y hacer viable la normativa.

En cuanto al ámbito de aplicación, el borrador introduce un régimen administrativo de responsabilidad ambiental de carácter objetivo e ilimitado para la protección de bienes estrictamente ambientales: suelo, agua y determinadas especies y hábitat naturales protegidos.

El objetivo que persigue el Gobierno, según Narbona, es establecer un marco legal de responsabilidades para todos aquellos agentes que en el ejercicio de su actividad causen daños medioambientales.

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