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Dos nuevas medidas para solucionar el pago de deudas de entidades locales a empresas y autónomos
Barcelona Activa
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha presentado las dos nuevas medidas que el Consejo de Ministros aprobará mañana mediante un Real Decreto-Ley, y que permitirán aliviar los problemas de liquidez de empresas y autónomos al facilitar los pagos de sus deudas pendientes con entidades locales.
La Vicepresidenta Segunda ha destacado la importancia de estas medidas para un relevante número de empresas y autónomos que actualmente tienen dificultades para cobrar un trabajo ya realizado y que, por otra parte, conforme la crisis económica ha ido evolucionando, también han visto aumentar las restricciones a créditos.
El objetivo de ambas medidas es complementario y persigue subsanar lo antes posible y de forma ágil los problemas de liquidez de las empresas y los trabajadores autónomos que arrastran impagos de los ayuntamientos. Además, supondrán una inyección de liquidez muy importante que favorecerá la reactivación de la actividad económica para las empresas con este problema. En total, se ha estimado que ambas medidas pueden suponer una financiación de unos 14.000 millones de euros.
Endeudamiento de los Ayuntamientos
El Real Decreto-Ley autorizará a los ayuntamientos y otras entidades locales a realizar operaciones de endeudamiento para financiar su déficit de tesorería a 31 de diciembre de 2008, incluyendo las facturas pendientes con empresas y autónomos.
Las operaciones de endeudamiento bancario tendrán un plazo máximo de amortización de 6 años, con posibilidad de 1 ó 2 de carencia y, desde la concertación de la operación, las entidades locales dispondrán de un mes para cancelar las deudas pendientes con proveedores.
El plazo para concertar la operación de endeudamiento es de tres meses a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, lo que permite establecer un período máximo de cuatro meses para la ejecución de esta medida.
Los ayuntamientos tendrán que aprobar un plan de saneamiento por idéntico período al de la operación financiera y deberán presentar al Ministerio de Economía y Hacienda una certificación del pago de las deudas abonadas a sus proveedores.
Esta nueva medida permite, por tanto, solucionar el problema de deudas impagadas por las entidades locales al financiar el remanente negativo de éstas hasta el mes de diciembre de 2008 y las facturas pendientes de pago, y reconoce el impacto negativo que ha supuesto para los ayuntamientos la evolución de la crisis económica.
Por otra parte, obliga a los consistorios a planificar su reequilibro financiero al tener que presentar un plan de saneamiento y al establecer una serie de condiciones que han sido coordinadas y aceptadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Nueva Línea ICO
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha instruido al Instituto de Crédito Oficial (ICO) la inmediata puesta en funcionamiento de una nueva línea para avalar por un importe máximo de 3.000 millones de euros a las empresas y autónomos con deudas pendientes de pago por parte de los ayuntamientos.
De esta forma, el Gobierno avala las operaciones de descuento a empresas y autónomos con facturas pendientes de cobro. El Real Decreto Ley que se aprobará mañana establecerá como garantía final ante posibles impagos por parte de las entidades locales su participación en los ingresos del Estado, en la que se podrá retener las cantidades correspondientes a la deuda de los ayuntamientos que incurran en el incumplimiento de sus obligaciones de pago.
La nueva línea ICO establece algunas condiciones favorables para empresas y autónomos, como el tipo de descuento máximo del 5% en las operaciones, un porcentaje menor al habitual. Además, con el objetivo de asegurar que las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos tengan acceso real a los créditos, se ha establecido un límite de 300.000 euros por acreedor para evitar que las grandes empresas acaparen los avales.
Finalmente, también se ha establecido un límite por entidad local del 25% de su participación en los tributos del Estado para el año 2009, con el objetivo de evitar retenciones excesivas en los ingresos de los ayuntamientos que pudieran crearles problemas en el futuro.
