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La Dirección General de Comercio asesorará a los ayuntamientos y vendedores ambulantes en la aplicación de la ley que regula los mercadillos
Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno Canario
La transposición de la Directiva europea de Liberalización de los Servicios realizada por el Estado mantiene la regulación de la venta ambulante en el ámbito de las competencias estrictamente municipales
La Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias ha mantenido ya los primeros contactos con los vendedores ambulantes del archipiélago y con diversas autoridades municipales para asesorarles sobre las modificaciones introducidas en la normativa por la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva europea de Liberalización de los Servicios.
La llamada Directiva Bolkenstein modifica los criterios para la renovación de las licencias municipales para la venta ambulante e impide que éstas sean renovadas automáticamente, como sucedía hasta la fecha. Éste y otros criterios encaminados a la regulación de la actividad y el establecimiento de los requisitos para el ejercicio de la venta ambulante han sido objeto de controversia en los últimos meses entre los comerciantes y los responsables municipales, por lo que la Dirección General de Comercio comenzó a mantener reuniones con los afectados, para colaborar en el entendimiento entre las partes a la hora de aplicar la normativa.
Aunque la norma estatal sitúa la concesión de licencias y la regulación de la venta ambulante en el ámbito exclusivo de la competencia municipal, la Dirección General ha entendido que su labor puede ser útil para aclarar a los distintos municipios todas las dudas que tengan acerca de la aplicación del texto y para debatir cuáles pueden ser las vías de actuación que permitan mantener la actividad tradicional de los mercadillos.
Eso sí, el Gobierno de Canarias es tremendamente respetuoso con la autonomía municipal, por lo que su actuación en este caso ha de circunscribirse a las labores de mediación y asesoramiento para los comerciantes y los ayuntamientos, que son quienes deben regular a título municipal la venta ambulante, tal y como siguió manteniendo el Estado en la transposición que hizo de la Directiva para la Liberalización de Servicios.
Aun teniendo siempre presente la libertad de cada uno de los municipios para redactar su propia ordenanza, existen iniciativas para unificar la actividad como la de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha propuesto una ordenanza común con la que se intenta dignificar y mejorar la actividad en cuanto a ubicación, características, etcétera, y se propone la concesión de licencias por 5 años, prorrogables por igual periodo.
El deseo del Gobierno de Canarias es que los mercadillos municipales perduren en el tiempo de forma digna, puesto que los entiende como un atractivo turístico más del archipiélago y una actividad que dinamiza la economía y supone el sustento de numerosas familias. Por este motivo, la Dirección General de Comercio está dispuesta a asesorar y a mediar cuanto haga falta entre los vendedores y los ayuntamientos de los municipios donde se quieran instalar, para lograr que se alcancen acuerdos satisfactorios antes de la plena entrada en vigor de la normativa.
