Expansión
El endurecimiento de la ley antitabaco ha conseguido colarse en la apretada agenda del Congreso. Cuando aún está en el aire el futuro de la reforma laboral o el diseño del sistema de pensiones, el Parlamento ha decidido dar un acelerón a la norma que prohibirá fumar en todos los espacios públicos: bares, bingos, parques, discotecas...
El sector hostelero, deprimido por un consumo renqueante, se echa las manos a la cabeza y advierte del alto coste de una medida “inoportuna”.
Primero fue una carta a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, y en esta ocasión los empresarios han llamado directamente a la puerta de Moncloa. CEOE acaba de enviar una misiva a la Oficina Económica –que dirige Javier Vallés– alertando de que dado el actual contexto turístico del país la nueva ley “comportaría graves perjuicios para sectores importantes, en términos de actividad y empleo”. Tan sólo la restauración –al margen de los negocios del ocio y el juego– mueve el 6% del PIB anual y, según el INE, da trabajo directo a 1.100.000 españoles.
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