e-empresarias.net
El caos autonómico frustra en el comercio 100.000 empleos
Expansión
La complejidad del Estado autonómico ha lastrado la actividad de muchas empresas. Y uno de los mayores damnificados en la economía es el comercio. La Directiva de Servicios comunitaria y su próxima adaptación en España tiene como objetivo derribar parte del muro legislativo con el que han chocado las empresas de distribución. Estas trabas al libre mercado han evitado la creación de entre 57.000 y 100.000 empleos directos en el sector, según Anged.
"En aquellas comunidades donde la normativa es más restrictiva, la incorporación de trabajadores ha sido menor de lo que hubiera sido en ausencia de esas barreras", argumentan los profesores de la Universidad de País Vasco, Aitor Ciarreta, Mª Paz Espinosa y Maite Martínez-Granado.
En un informe sobre los Efectos de la regulación en la distribución comercial, los investigadores concluyen que cuando por razones normativas se ha impedido la implantación de un gran establecimiento, el sector en su conjunto dejó de generar entre 1.426 y 2.500 empleos de promedio anual. En total, desde 1996, año en el que se aprobó la actual ley de comercio y sobre la que pivotan las 17 normativas regionales, se han dejado de crear entre 57.000 y 100.000 empleos.
Futuro en entredicho
Este exceso de regulación comercial ha sido muy criticado en los últimos años por las autoridades europeas (Bruselas ha sancionado en dos ocasiones a España) y los órganos de Competencia nacionales.
Las dobles licencias (municipal y autonómica) para superficies de más de 2.500 metros; las limitaciones a los horarios de apertura; los planes de equipamientos sectoriales que controlan absolutamente cualquier nueva implantación comercial; o los impuestos especiales sobre la actividad, entre otras trabas, configuran una densa telaraña de normas que, según la OCDE, no tiene parangón en casi ninguno de los países desarrollados del entorno.
El Consejo de Ministros aprobó hace tres semanas la nueva ley de Comercio Minorista que intenta adaptar el sector a la Directiva de Servicios. Pero la norma no ha generado mucho entusiasmo. A las críticas reiteradas de la Comisión Nacional de la Competencia se unen las del Banco de España. El órgano que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez cree que "la reforma puede no ser lo suficientemente estricta como para modificar de una manera determinante los actuales regímenes de autorización de las comunidades y que han limitado la competencia".
En concreto, la ley del Gobierno suprime, con «carácter general», el régimen de autorización especial para los establecimientos comerciales. Y elimina la definición de gran establecimiento (más de 2.500 metros cuadrados).
Sin embargo, el Gobierno explica que "teniendo en cuenta la información técnica disponible sobre el impacto ambiental y urbano de los distintos tipos de establecimiento, se considera que, aunque en general no resulte justificado la potestad autorizatoria, la ley debe prever que puedan establecerse regímenes de autorización especiales".
En otras palabras, las comunidades podrán argüir razones de "medio ambiente, el entorno urbano y la ordenación del territorio" para mantener el intervención política en el sector. E, incluso, hacerla más potente. Los primeros proyectos autonómicos presentados mantienen los regímenes de licencias especiales. El desafío ahora es ver como castiga Bruselas esta adaptación suave de la Directiva.
