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La Cámara de Comercio de Mallorca junto a las de Canarias exigen que se mantengan las ayudas al transporte marítimo
COCI Mallorca
El Presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Joan Gual y el Presidente de la Cámara de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González Martín acordaron durante el I Foro Empresarial de Regiones Insulares de la Unión Europea, celebrado entre el pasado 25 y 28 de marzo en Santa Cruz de Tenerife, movilizar al resto de representantes de las cámaras insulares comunitarias con el objetivo de que los eurodiputados de sus territorios convenzan al resto del Parlamento Europeo de la necesidad de que se mantengan las ayudas al transporte marítimo.
Los argumentos que trasladan las Cámaras isleñas justifican la existencia de un sistema específico de exenciones y bonificaciones para garantizar el cumplimiento del principio básico de igualdad de condiciones competitivas en un mercado interior realmente integrado y del principio de Cohesión Territorial que persigue la Unión Europea. Entre los argumentos presentados destacan los siguientes:
· Las Comunidades de Baleares y Canarias junto a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla son regiones que sufren desventajas estructurales permanentes, vinculadas a su carácter insular, ultraperiférico o por su situación de especial aislamiento, que perjudican a su desarrollo económico y social.
· Son mercados cautivos del transporte marítimo, del que dependen en su práctica totalidad para el abastecimiento de mercancías y para el acceso a las redes de comunicación por carretera tanto peninsulares como intracomunitarias.
· El aislamiento del continente supone una dificultad para el acceso e integración en el mercado interior español y comunitario en una situación de clara desventaja frente a las regiones continentales.
· El tráfico de buques entre los territorios no peninsulares y el continente supone vía tasas unos costes añadidos que son pagados por las empresas y ciudadanos de nuestros territorios independientemente del puerto en el que se generan las mismas.
· Con aparición de una nueva categoría: el coche de más de 4 metros con el actual proyecto pasaría a duplicar su tasa. En la práctica lo son el 95% de los vehículos que se transportan. Esta medida supondría que un vehículo en régimen de pasaje vería incrementada su comercialización en un trayecto de ida y regreso a la Península. Dado que la inmensa mayoría de pasajeros viajan con sus vehículos esta medida dejaría fuera de mercado esta posibilidad y por tanto acabarían viajando cada vez menos pasajeros entre la Península y las Islas y viceversa."Para corregir este efecto bastaría que el rango de "vehículos hasta 4 metros se ampliara a 5 metros de longitud" comentaron los Presidentes de ambas Cámaras.
· Otro de los factores a tener en cuenta es el hecho de que el coste que suponen las bonificaciones a las tasas portuarias lo soportan las Autoridades Portuarias de cada una de las Islas en detrimento de su capacidad de financiación, lo que redundará en la imposibilidad de acometer obras y servicios en cada uno de los puertos insulares y de Ceuta y Melilla. Esta situación restará competitividad a los puertos marginándolos de tal manera que su capacidad de maniobra para responder a los retos del tráfico marítimo actual se reduce drásticamente. Es por ello que se deben buscar soluciones alternativas como pueden ser los Presupuestos Generales del Estado, la RUP u otros mecanismos que equilibren el sistema de bonificaciones para que las Autoridades Portuarias sigan teniendo capacidad de obrar en cada uno de sus puertos.
Según las Cámaras, corresponde al Estado Español salvaguardar el principio básico de igualdad de condiciones competitivas en el mercado interior y el principio de Cohesión Territorial, garantizando la defensa competitiva de las empresas y el acceso y movilidad de los ciudadanos isleños, mediante instrumentos que garanticen la igualdad de los mismos con el resto de empresas y ciudadanos españoles y europeos.
Modificaciones al actual sistema de bonificaciones de tasas portuarias que, en caso de aprobarse, supondría un grave perjuicio para conjunto de la actividad económica, las empresas y los ciudadanos de Canarias y Baleares.
De no corregirse la directriz europea, «podría haber un encarecimiento del 400 por ciento del coste de las tasas en las comunicaciones interinsulares y del 70 en los transportes con la Península».
