La burocracia alarga hasta nueve meses la apertura de una nueva empresa

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Montar un negocio en España puede convertirse en un interminable maratón. Los emprendedores que hayan superado el gran obstáculo para abrir una empresa, la falta de financiación, no pueden, ni mucho menos, echar las campanas al vuelo. Han de pasar todavía por un largo y costoso periplo por las distintas administraciones (Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos) para obtener los numerosos permisos y autorizaciones necesarias antes de empezar a ejercer la actividad y generar sus primeros ingresos.

El último informe 'Doing Business', elaborado por el Banco Mundial, ha vuelto a sacar los colores a nuestro país al situarlo a la altura de países como Zambia o Albania en el ranking de trabas burocráticas para montar un negocio. Esta situación es la que pretende paliar el Gobierno en la futura la Ley de Emprendedores, en la que se introducirá un programa de simplificación administrativa que acorte y abarate la creación de empresas en un momento en el que el autoempleo y el emprendimiento se han convertido en la gran baza contra el paro y la crisis.

Pese a que durante los últimos años se han realizado numerosos esfuerzos como la creación de una red de ventanillas únicas empresariales, una nueva regulación de las sociedades limitadas, un plan de fomento empresarial o la transposición de la Directiva de Servicios, entre otras, España está lejos de tener un entorno adecuado para invertir y emprender.

A instancias de la Comisión Europea, el Ministerio de Economía y Competitividad prepara nuevas medidas para poder crear una empresa en tres días, con un coste máximo de 100 euros. Pero el gran reto no es aligerar el primer nivel en la creación de empresas (darse de alta como autónomo o crear una sociedad son procedimientos relativamente sencillos y baratos), sino conseguir reducir y abaratar la multitud de permisos y autorizaciones en manos de comunidades y ayuntamientos.

El secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta), Sebastián Reyna, reconoce que "en España los costes no son el gran problema para la constitución de sociedades, sino que es el posterior desarrollo en la tramitación lo que perjudica las cuentas del inicio de actividad". De hecho, señala que el mayor coste que debe soportar el autónomo o empresario es el desembolso desde el inicio de los pagos a la Seguridad Social, entre 227 y 251 euros, algo que "quedará parcialmente solucionado con las mejoras introducidas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, como la cuota de 50 euros durante los 6 primeros meses y la bonificación del 50% sobre la misma durante el primer año de actividad".

Desde Upta se han realizado otras propuestas complementarias que facilitarían a los emprendedores soportar mejor los costes de creación de una empresa, como diluir el desembolso de 3.005 euros necesario para la constitución de una SL en un plazo mínimo de seis meses.

Con respecto a las trabas administrativas con las que se encuentran los autónomos, Reyna afirma que la "avidez de recaudación de los Ayuntamientos choca con la intencionalidad del Gobierno de eliminar las trabas".

Lucro cesante

ATA va más allá y exige reducir los plazos para que la maraña administrativa no afecte a la misma viabilidad del proyecto, ya que el emprendedor no encuentra financiación para la obtención de medios de producción y otros gastos iniciales hasta que no obtiene las licencias y permisos correspondientes, aunque durante el tiempo de lucro cesante ya debe hacer frente a los costes asociados al inicio de la actividad y a sus obligaciones tanto con la Seguridad Social como con Hacienda.

Según los cálculos de esta organización, abrir un negocio que suponga la apertura de un local de más de 300 metros requiere un mínimo de tres meses, tiempo que se puede alargar hasta los nueve.

Si amplio es el tiempo, no menos importante son los costes, que pueden alcanzar los 6.000 euros, repartidos de la siguiente manera: certificación negativa de nombre de la sociedad (20-23 euros), otorgamiento de Escritura Pública y Estatutos (unos 260 euros), inscripción en el Registro Mercantil (entre 200 y 500 euros), legalización de los libros (17 euros), tasa por licencia para abrir un local (en torno a unos 600 euros), proyecto técnico (mínimo 1.200 euros), informes medioambientales (500 euros), autorización medioambiental (mínimo 300 euros), licencia de obras (mínimo entre 1.000 y 2.000 euros), estudio prevención de riesgos laborales (mínimo 250 euros), documento seguridad protección de datos (mínimo de 150 euros), registro de marcas o nombre comercial en España (unos 150 euros) y el diseño (de 100 euros en adelante).

Desde la organización de autónomos se pide una mayor coordinación administrativa y acabar con la disparidad de la normativa territorial. "La frase más recurrente de los emprendedores es que la Administración nos marea y nos obliga a recurrir a gestores para entender y recopilar toda las normas que afectan a nuestros negocios, que incluso se contradicen entre sí". Uno de los ejemplos en este sentido, es la calificación para el turismo rural, donde no existe una homogeneización de la misma. En Andalucía son olivas, en Castilla y León, espigas, etc. Otro ejemplo, es el desplazamiento de un caballo desde Andalucía a Francia, pues los tiempos de reposo al ser distintos en cada Comunidad Autónoma, dilatan el desplazamiento hasta siete días.

Desde la organización que preside Lorenzo Amor se subraya también que hay que reducir el número de documentos (la misma documentación se solicita en cada una de las ventanillas implicadas en el procedimiento), un problema que se puede solucionar con un mayor y mejor acceso a la tramitación telemática, que debe ser opcional, pero que permite a todas las administraciones acceder a la información que ya se ha presentado.

Evitar las duplicidades en los órganos de apoyo a pymes y emprendedores (oficinas de los servicios públicos de empleo, ayuntamientos, servicios de apoyo de los sindicatos, organizaciones empresariales y de autónomos o cámaras de comercio), reducir y unificar los costes de los trámites, adecuar el horario de atención a las necesidades de los empresarios y autónomos son otras de las peticiones de los autónomos.

Desde la experiencia diaria en la ayuda a los emprendedores, Adolfo Palomares, coordinador de asesores de la Ventanilla Única Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid, aplaude todas las medidas que han permitido aligerar la tramitación administrativa, aunque apunta a uno de los problemas que están generando: "El hecho de sustituir las licencias por declaraciones responsables (tanto en la ley nacional como en algunas autonómicas) ha llevado a que se establezcan sanciones muy duras en caso de incumplimiento, lo que desmotiva un poco". Si él participase en la redacción de la esperadísima Ley de Emprendedores, lo tiene claro: "Tendría que haber una coordinación mayor entre las distintas administraciones públicas, no duplicar la información ni la documentación. También deberían hacerse campañas de difusión y de información para que todos los empresarios sepan en qué consisten las tramitaciones telemáticas".

A distinto ritmo

La descoordinación es precisamente otro de los flancos que la ofensiva del Gobierno y las Comunidades contra la maraña burocrática está dejando al descubierto. En algunas ya se aplica la declaración responsable, que sustituye a la autorización, en establecimientos de menos de 300 metros que ha implantado el Gobierno pero otras están todavía a la espera de adaptar sus legislaciones autonómicas. Así, Castilla y León lleva ya varios meses de retraso en aprobar la Ley de Estímulo para la Creación de Empresas, que permitirá reducir los trámites para la creación de una compañía a tres meses, entre ellas la autorización provisional que permitirá que una empresa pueda comenzar su actividad en un plazo de diez días.

Normas sin desarrollar

En el País Vasco, a pesar de que el Parlamento aprobó hace un año la nueva Ley de Apoyo a los Emprendedores, que recogía devolución al emprendedor del 100% de las tasas municipales abonadas para la puesta en marcha del negocio, aún está pendiente de su desarrollo.

En esa Comunidad, la fórmula elegida por el 46% de los impulsores de los 98 proyectos que ayudó a poner en marcha la Ventanilla Única Empresarial de Bilbao en 2012, fue la de Sociedad Limitada, dado que exige sólo dos socios y un capital social mínimo de 3.000 euros, al tiempo que esta forma jurídica permite separar el patrimonio de la empresa del personal de sus promotores.

Otro 43% de los emprendedores optaron por la figura del empresario individual, que presenta menos costes para su constitución, pero que ofrece menos protección del patrimonio personal. El resto de emprendedores optó por otras formas jurídicas como SAL o cooperativas.

En Aragón, las medidas para facilitar los trámites a los emprendedores se han centrado en la implantación de la vía telemática. Desde principios de este año se pueden hacer trámites por este procedimiento y el objetivo es continuar con su implantación, una medida que el secretario regional de AJE Aragón, Fernando Aragón, valora positivamente "ya que en 2013 es un atraso que se tenga que ir con el papel en mano para que te lo sellen. Queda todavía por hacer, pero en los últimos años ha habido avances". Entre las mejoras que podrían introducirse se halla, en su opinión, la petición del NIF por vía telemática, paso que hasta ahora sólo pueden realizar las notarías y que debería hacerse extensivo también a gestorías y a los propios emprendedores.

Aún con estos avances, en la Comunidad aragonesa hay algunos trámites que podrían reducirse tanto en tiempo como en coste para el emprendedor, sobre todo, si se crea una sociedad. "Lo más engorroso es el tiempo de espera hasta que el Registro Mercantil da salida a la escritura. Se podría agilizar la gestión con la conexión con la gestoría", explica Salvador, quien añade que también se podrían reducir los costes porque "para la constitución de una sociedad hay que pasar por el Registro Mercantil, algo de lo que ya ha dado fe el notario. Esto se podría agilizar y reducir el coste".

En Cataluña, el director institucional de la patronal de la pequeña y mediana empresa Pimec, Jacint Soler, explica que para iniciar un negocio se puede tardar desde 30 días hasta un año y medio a lo que hay que añadir el tiempo que tardan los municipios en conceder una licencia.

La lentitud municipal

"El principal problema se encuentra en el ámbito municipal, que de media tarda unos 70 días para conceder una licencia" apunta Soler, quien considera que a nivel autonómico se ha avanzado desde el año 2009 con la nueva ley de control ambiental de la actividad y las leyes ómnibus destinadas a simplificar estos procesos. Uno de los reclamos que hace Soler es la revisión y simplificación de la normativa, que es compleja en temas de seguridad industrial, prevención de riesgos laborales...

Pero el tiempo que se tarda en crear una empresa no es el único problema inicial, ya que hay que sumar el coste de su puesta en marcha. En el caso del sector hotelero, la inversión inicial para comenzar la actividad es de 9.000 euros, según se desprende de un estudio elaborado por Pimec. "Para legalizar la actividad se requieren 6.000 euros, a los que hay que sumar 3.000 euros para pagar las tasas municipales" concreta Soler. Pero una vez iniciada la actividad, los costes de un hotel para cumplir con la normativa rondan los 12.000 euros anuales.

En la Comunidad Valenciana, la Generalitat aprobó en 2012 la Ley de Medidas Urgentes de Apoyo a la iniciativa Empresarial y los Emprendedores, Microempresas y Pequeñas y Medianas Empresas. La ley establece la exención de tasas y tarifas autonómicas durante el primer año -existen 41, según el tipo de negocio-, y la reducción a la mitad el segundo año, medida que estará vigente hasta el final de este ejercicio. Además, agiliza la tramitación de licencias, de manera que la de apertura de comercios es inmediata y las que requieren obras o permisos especiales acortan sus plazos. La normativa establece que en cualquier municipio bastan tres documentos para abrir un establecimiento: una declaración responsable del emprendedor, los datos del comercio y un compromiso de cumplir la normativa. En el caso de que requiera obras, habrá que sumar un certificado final de obra firmado por un técnico registrado y una copia del resguardo del abono de las tasas municipales.

En sólo dos meses

Vicente Estellés ha comprobado que las medidas funcionan. Temía sufrir las trabas burocráticas de las que tanto había oído hablar, pero lo cierto es que tardó "solo dos meses" en abrir una tienda de alimentación, en Valencia, y "podía haber ido más rápido si no me hubiese pillado la Navidad por medio", advierte. Según explica, acudió a la Consejería de Economía, desde donde le remitieron a la Cámara de Comercio de Valencia, que tiene un servicio de ayuda a emprendedores. "Allí me facilitaron la documentación y fue bastante rápido" en lo que respecta a los trámites burocráticos, asegura. Al mismo tiempo, contrató un aparejador para arreglar el local y pudo abrir en cuanto acabó las obras, gracias a la llamada licencia exprés aprobada hace 15 meses por el Ayuntamiento de Valencia y, posteriormente, por la Generalitat para toda la Comunidad Valenciana.

Pero hay quien no fía todo a la legislación. José Ruiz Navarro, director de la cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz y director en Andalucía del informe GEM España se muestra bastante escéptico y no cree que la futura Ley de Emprendedores pueda cambiar el entramado institucional y burocrático de nuestro país. "Es más un problema cultural y de visión del papel que la empresa tiene en la sociedad actual. Un problema de modernización de la administración pública pero también de la empresa y emprendedores. Una sociedad moderna del siglo XXI no puede tener estructuras sociales, administrativas y empresariales del siglo XX o en algunos casos del siglo XIX. Necesitamos una sociedad más innovadora", afirma.

Una única ventanilla

Desde la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga) esperan que la futura Ley del Emprendedor establezca "una ventanilla única y permanente" donde se pueda depositar cualquier recurso sin necesidad de acudir a las distintas administraciones. De esta forma, se agilizarían los trámites y se acortarían el tiempo y los costes para aquellos que quieran poner en marcha una empresa. El presidente de esta organización, Javier Pérez Bello, explicó que se trata "de una de las principales demandas del sector" que ahora se encuentra en fase de estudio a la espera de que se traslade a la nueva norma. Además, el colectivo gallego solicitó integrarse dentro de la red Galicia Emprende para que la propia federación además de dar asesoramiento pueda ofrecer servicios de registro in situ. En este sentido, el presidente de Feaga cree que la actual tecnología así lo permite y que es necesario "acomodar la legislación a los avances en este ámbito", además de facilitar el proceso, sobre todo para la creación de sociedades, que sigue siendo "bastante farragosa", dijo. Con todo, se muestra "escéptico" porque anteriormente "se han dado "algunos pasos" en esta dirección, pero "a la hora de la verdad", dijo, se ha avanzado poco.

Información elaborada por Rafael Daniel, Beatriz Triper, Eva Sereno, Esther Porta, Carmen Larrakoetxea, Carlos Piza, Javier Alfonso, Verónica Sosa y Ruth Lodeiro.

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