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La Junta de Castilla y León destinará mil millones de euros en inversiones y dos mil en subvenciones para incrementar la liquidez y estimular la actividad económica y el empleo
Aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado el 8 de enero de 2009
El Consejo de Gobierno ha aprobado las directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración de la Comunidad, orientadas a dotar de una mayor liquidez a las familias y a las empresas y a fomentar la inversión pública para incrementar la actividad económica y generar empleo. El acuerdo garantiza, antes del 31 de marzo, inversiones por valor de mil millones de euros que, se estima, han de servir para crear 25.000 puestos de trabajo. Las directrices aprobadas supondrán en el mismo período subvenciones por dos mil millones de euros.
Las directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración de la Comunidad, aprobadas hoy por el Consejo de Gobierno, determinan que la Junta de Castilla y León licitará obras en el primer trimestre de 2009 por importe de 1.000 millones de euros, de los que 540 se ejecutarán desde el Presupuesto, mientras que 460 millones lo harán desde las empresas públicas.
Se debe tener en cuenta, además, que se invertirán otros 1.100 millones de euros para hacer frente a los compromisos ya asumidos por inversiones en períodos anteriores, 990 de ellos a través del Presupuesto.
Asimismo, la Junta se compromete a convocar en el primer trimestre de 2009 subvenciones por importe de 2.000 millones de euros. 1.125 millones serán para el sector agrario, 904 de los cuales corresponden a las ayudas de la política agraria común. Mientras, otras subvenciones por valor de 360 millones se dirigirán al apoyo del sector empresarial y 247 millones de euros a la mejora de la calidad en el empleo.
Aparte de los compromisos anteriores, la Junta destinará 620 millones de euros al apoyo y la mejora de la capacidad financiera de las empresas; la mitad en avales y el resto en préstamos.
La Junta de Castilla y León aprueba estas directrices vinculantes en uso de las atribuciones que le otorga la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, ante el deterioro de la actividad productiva y la consiguiente caída del nivel de empleo que se viene produciendo en España, así como la falta de liquidez que padecen las familias y las empresas como consecuencia de la crisis económica.
Según datos usados por el Consejo de Ministros el pasado 28 de noviembre, con una inversión nueva de mil millones de euros se crearían 25.000 puestos de trabajo.