www.elEconomista.es
"En la morosidad no puede haber ninguna fisura y si no se rectifican las normas sin duda empeorará la situación de pymes y autónomos para cobrar de acuerdo con los plazos legales". Así lo vaticinaba Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM) el pasado mes de marzo, cuando se refería, entre otras, a la permisividad de la Ley de Contratación Pública, que en su artículo 216 no establece limitación alguna en los plazos para aprobar certificaciones de obra.
Lo alarmante es que Cañete no se equivocaba, ya que según el barómetro del Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ) lejos de reducirse, los plazos de pago entre la Administración y el colectivo de autónomos se han incrementado en dos días, pasando de los 111 de media en el anterior trimestre a los 113 que se produjeron hasta el 31 de mayo. A tenor del análisis de los datos, el aumento de los periodos medios de pago tiene un único culpable: las comunidades autónomas. Mientras que la Administración central, predica con el ejemplo y no sólo paga las facturas de los autónomos en 29 días -uno menos de lo establecido por Ley- sino que además ha reducido los plazos en cinco días, las autonomías incrementan los plazos en seis días y elevan su media hasta los 130. Por su parte los ayuntamientos, entes en las que se concentra el mayor volumen de facturación de autónomos , también están haciendo bien sus deberes y, aunque lejos de los 30 que establece el marco legal, han pasado de 98 a 96 días de media.
Volumen de deuda
Pero no sólo son los plazos de pago los que aumentan. El volumen de deuda engordó durante los tres últimos meses en 249 millones, elevando el total adeudado a los autónomos hasta los casi 2.700 millones de euros. Para Lorenzo Amor, presidente de Ata, los culpables "vuelven a ser las comunidades autónomas que no cumplieron su objetivo de déficit y por tanto son incapaces de solventar sus problemas de morosidad".
Régimen sancionador ya
Tras las polémicas idas y venidas en materia de morosidad, la pasada semana se produjo la primera de las reuniones de la Comisión de Trabajo para el desarrollo del régimen sancionador. En declaraciones a elEconomista el presidente de la PMCM, Antoni Cañete, se mostró satisfecho con el resultado del encuentro "estamos en el camino. El Gobierno está cumpliendo con su compromiso y las propuestas y motivos están puestas encima de la mesa". Además de las cuantías por incumplimiento "que deben fijarse en una cantidad significativa", una de las prioridades para la plataforma es la anulación de los artículos que permiten el libre pacto de plazos en los casos de cesión de deudas a terceros a través de mecanismos como el confirming. Un recurso que "vuelven a emplear de forma habitual las grandes empresas y que desvirtúa las cuentas anuales de las compañías", explicó Cañete.
Lo cierto es que hasta que el texto definitivo vea la luz "la Ley de Morosidad es la ley con mayor número de insumisión, tanto en el sector público como en el sector privado", sentenció Lorenzo Amor.