La atención a dependientes exige 4.500 millones más en ocho años

Cinco Días

  La implantación de una nueva red de atención a las personas dependientes requerirá una inversión de 4.500 millones de euros en los próximos ocho años, que se sumarán a los 4.000 millones del gasto actual. Se crearán 300.000 empleos y una prestación de dependencia (que no será económica, sino de servicios) que el beneficiario pagará en función de su renta.

En España existen 1.125.190 personas con dependencia grave o severa y 1.657.400 que necesitan algún tipo de ayuda para realizar actividades de la vida diaria. En la actualidad, el 83% de los cuidadores son mujeres, generalmente de la familia, que realizan estas labores sin remunerar y que les impiden trabajar. Además, sólo seis de cada cien familias que cuidan a estas personas tiene apoyo de los servicios sociales.

El Gobierno pretende cambiar esta situación creando un Sistema Nacional de Atención a las Personas Dependientes. Ayer el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, entregó al Congreso de los Diputados el Libro Blanco de la Dependencia, elaborado por expertos y que servirá de base para elaborar un Proyecto de Ley, que el Gobierno quiere aprobar este mismo año.

Aprovechando los actuales servicios de atención pública, que ahora sólo llega al 6% de los hogares con un familiar dependiente, la ley pretende crear una mayor red de atención en los próximos ocho años. El Libro Blanco que maneja el Gobierno y que se discutirá con todos los agentes implicados cifra la inversión necesaria en 4.500 millones de euros adicionales a los 4.000 que ya gastan anualmente el Gobierno, las comunidades y los ayuntamientos en la atención a los dependientes. Las tres administraciones públicas serán las encargadas de gestionar la nueva red de asistencia.

La gran incógnita aún es de dónde se sacarán esos 4.500 millones, ya que Caldera se comprometió ayer a no subir impuestos ni elevar los costes laborales (cotizaciones sociales para financiar esta nueva prestación de servicios. Lo único que aclaró el Ministro es que será una financiación mixta. Parte lo costearán las administraciones públicas y otra parte el sector privado a través de un sistema de concesiones. Hasta el momento se manejan entre los expertos varias modalidades para la financiación de la parte a cargo del sector público, pero la mayoría coinciden en que deberá costearse con impuestos, al menos de forma definitiva, aunque en un principio pueda recurrirse al excedente de cotizaciones sociales. Caldera también dejó claro que las prestaciones -ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día y residencias- serán universales (todos los ciudadanos tendrán derecho a ellas) pero no gratis. El ministro reiteró, además, que cada familia deberá pagar los servicios en función de su renta.

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