Aprueban la ley de Protección y Defensa de los Consumidores

Heraldo

  El pleno de las Cortes de Aragón aprobó este jueves, con amplio consenso, la Ley de protección y defensa de los consumidores de Aragón, que garantiza los mismos derechos en las compras a través de internet que en el comercio tradicional.

Esa es una de las características de la ley que destacó en su intervención ante el pleno la consejera de Salud y Consumo Luisa María Noeno, quien afirmó que Aragón es la primera Comunidad que regula los derechos de los consumidores desde el derecho público en materia de comercio electrónico y uso de las nuevas tecnologías, previendo la posibilidad de inmovilización y retirada del mercado de los productos inseguros.

Terminará con los redondeos

Subrayó que supone un avance muy importante en la protección de los consumidores y usuarios aragoneses ya que terminará con situaciones "tan injustas" como los "redondeos" al alza en telefonía o en las hipotecas, con las dificultades para darse de baja en determinados servicios de telecomunicaciones o de suministro de energía y con la presencia de cláusulas o prácticas abusivas en contratos como los de compra de una vivienda.

La ley se aprobó con un amplio consenso después de que en la ponencia se admitieran el 75% de las 164 enmiendas presentadas por los grupos (14 del PSOE, 16 del PAR, 40 del PP, 50 de CHA y 44 de IU), aunque 31 quedaron pendientes.

Defensa del consumidor

La ley brinda la posibilidad de acceder a los mecanismos de la defensa del consumidor en toda la Comunidad, con una red de oficinas comarcales y municipales de información que facilitará a los consumidores la presentación de solicitudes de arbitraje.

La ley diseña además un "marco moderno" para la acción de las asociaciones de consumidores y usuarios, atendiendo al papel que social y jurídicamente deben cumplir y, además, se ofrecen fórmulas de colaboración con las administraciones públicas y se prevén ayudas, respetando su autonomía de actuación.

Todo ello, agregó la consejera, en el ámbito de un derecho sancionador que castigará "con más dureza" comportamientos que lesionen los intereses de los consumidores, como es el caso de operadores económicos que con su actitud perjudiquen los derechos de los consumidores de forma masiva y generalizada.

Además, se prohíbe el corte del suministro de los servicios de interés general sin aviso y posibilidad de defensa del consumidor, se recoge el principio de la restitución en paralelo de la situación vulnerada o se prevé la necesidad de servicios presenciales de atención al cliente en los sectores de uso más generalizado.

Este texto legal, dijo, "sintoniza perfectamente" con el que aprobó el Congreso de la Ley de Mejora para la Protección de Consumidores y Usuarios estatal.

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