Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros ha aprobado el primer Plan Estratégico de Promoción de la Propiedad Industrial (Plan Pi) que se elabora en España, una actuación que se enmarca dentro de la Estrategia para una Economía Sostenible (http://www.economiasostenible.gob.es/) y pretende colocar la propiedad industrial como factor de innovación, de competitividad y de crecimiento para la economía española.
El Plan, cuyo horizonte temporal es de tres años (2010-2012), cuenta con un presupuesto de 41,5 millones de euros y tiene como principal finalidad promover un uso intensivo de los instrumentos de protección de la propiedad Industrial y posicionar a España en el grupo de países que están a la cabeza en este ámbito. El presupuesto del Plan movilizará una inversión inducida de 252 millones de euros y supondrá un ahorro de 44 millones de euros gracias a la reducción de cargas administrativas.
Para su diseño se ha contado con la colaboración de empresas, universidades, organismos públicos de investigación y profesionales del sector de la propiedad industrial, con el fin de lograr una solución integradora.
El Plan Pi está articulado en torno a cinco ejes estratégicos: estímulo de la propiedad industrial; internacionalización empresarial; protección y seguridad jurídica frente a la piratería; impulso de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente, e incremento de la calidad y rentabilidad en la gestión empresarial.
Estímulo de la propiedad industrial. Estas actuaciones, que cuentan con una dotación de 18,4 millones, se centrarán en el apoyo a la Pyme en este ámbito, la difusión de los aspectos relacionados con la propiedad industrial y la reducción de tasas y precios públicos. Las tasas vigentes en 2009 se reducirán un 18 por 100, con una bajada adicional del 15 por 100 para aquellos casos en los que se utilicen medios telemáticos. La finalidad es incrementar la media anual de solicitudes de marcas en España por encima de 1.200 y el promedio de solicitudes de patentes, de 84 a 90 por millón de habitantes.
En cuanto a la internacionalización, se destinarán 15,7 millones de euros a un conjunto de actuaciones dirigidas a apoyar técnica y financieramente a las empresas españolas en el exterior.
Mediante el incremento de la protección y seguridad jurídica frente a la piratería, ámbito que cuenta con seiscientos mil euros de presupuesto, se pretende concienciar a los consumidores de los peligros que se derivan de este tipo de actividades ilegales, tanto en términos de puestos de trabajo perdidos como de coste para las empresas.
Según la OCDE, España es el sexto generador mundial de patentes de energías renovables, creciendo a un ritmo del 110 por 100, frente al 20 por 100 registrado a nivel global. El impulso de la propiedad industrial en el ámbito de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente dispondrá de 1,7 millones de euros para acciones de protección en este sector y de monitorización de la actividad mundial mediante la elaboración de boletines específicos de seguimiento tecnológico para patentes verdes. Asimismo, se instaurará un nuevo procedimiento de concesión acelerada para las patentes de este sector.
Por último, se destinan cinco millones para incrementar la calidad y la excelencia en la gestión. Para ello se acometerá una reducción de los trámites administrativos para elevar la calidad. Los plazos de concesión pasarán de 33 a doce meses en patentes, si el solicitante así lo desea, de siete a cinco meses en marcas y de tres meses a 72 horas en diseños.