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Las Administraciones Públicas incumplirán (de nuevo) la Ley de Morosidad en 2013
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Nunca la han cumplido, y no parece que 2013 vaya a ser una excepción. Con la llegada del nuevo año, las Administraciones Públicas vuelven a enfrentarse a uno de sus mayores enemigos, al que, por cierto, nunca han derrotado: la Ley de Morosidad.
Esta ley, que entró en vigor en julio de 2010, marca los plazos de los que disponen tanto las empresas privadas como las públicas para abonar el importe de los servicios que les prestan sus proveedores. En el caso de las Administraciones Públicas, el plazo era de 55 días para 2010, 50 para 2011, 45 para 2012 y 30 para 2013.
Sin embargo, la ley ha acabado siendo papel mojado, ya que las Administraciones la han venido incumpliendo de manera sistemática desde su entrada en vigor. Para poner solución llegó el Plan de Pago a Proveedores, aprobado en 2012 con el fin de que estas instituciones se pusiesen al día con las deudas contraídas con sus proveedores.
Las AAPP pagan a 163 días
Sin embargo, este Plan no fue suficiente, y a la vista está: en 2012, las Administraciones Públicas pagaron sus facturas pendientes en un plazo medio de 163 días, una cifra tremendamente alejada de los 45 que marcaba la ley. Parece evidente, por tanto, que la reducción del plazo a 30 días que ha entrado en vigor en 2013 va a ser imposible de asumir, con lo que la actual deuda de más de 5.000 millones de euros aumentará de manera considerable.
No parece tampoco probable que se apliquen las sanciones por morosidad. Y es que, según la ley, si una Administración Pública paga fuera de plazo, "deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro". Una situación que acaba achacándoles parte de culpa a la hora de provocar el cierre de empresas en nuestro país.
Las privadas deberán pagar en 60 días
Por su parte, el plazo para las empresas privadas será este año de 60 días, un tiempo inferior a los 85 días de plazo de 2011 y los 75 de 2012.
De un régimen especial disponen las empresas de alimentación y productos perecederos, que desde la entrada en vigor de la ley están obligadas a pagar en un plazo no superior a los 30 días.
Así, y pese a que la ley nació con la voluntad de que las empresas españolas aumentasen su competitividad con respecto al resto de países europeas, lo cierto es que la Ley de Morosidad se ha convertido en una utopía casi imposible de alcanzar.
