200.000 inmigrantes llegan cada año a España con contrato de trabajo

El País

  El Gobierno facilita la contratación de extranjeros para empleos que los españoles rechazan.

La inmigración irregular es noticia casi diaria en los medios de comunicación españoles. Pero la inmigración regular, que pasa inadvertida, supone un pilar fundamental del crecimiento económico. El año pasado, los empresarios españoles contrataron en origen a 210.052 inmigrantes (una media de 575 al día y tantos como habitantes tiene la ciudad de Vitoria), que llegaron de sus países con contratos de trabajo ya firmados, para ocupar empleos que no quieren los españoles. Sólo en el primer semestre de 2007 se han solicitado otros 178.754, una cifra muy próxima a los 180.000 que el Gobierno había previsto para todo el año. VIPS, El Corte Inglés o la COAG son grandes importadores de mano de obra.

La mayoría de los 210.052 inmigrantes que llegaron el año pasado a España con un empleo eran rumanos (36%) -que, al igual que los búlgaros, desde el pasado 1 de enero pueden residir pero no trabajar en los demás países de la Unión Europea-, marroquíes (12%) o colombianos (7%), y habían sido contratados para trabajar en la agricultura (37%), especialmente en Huelva (29%). Casi todos llegaron con un permiso de residencia y de trabajo de un año. Y con voluntad de quedarse. Los rumanos vuelven a encabezar la lista de los 178.754 extranjeros que los empresarios han solicitado contratar durante los seis primeros meses de este año: suponen el 21%, frente al 17% de marroquíes o el 9,5% de peruanos. La Inspección de Trabajo supervisa sus contratos.

La contratación de trabajadores en el extranjero no ha sido siempre tan abultada. Durante años, los empleadores debían demostrar documentalmente que no había en España posibles aspirantes al puesto de trabajo que pretendían cubrir. De modo que si un empresario barcelonés necesitaba un peluquero y había uno inscrito en las listas de paro de Cádiz, al otro extremo de la Península, era prácticamente imposible que obtuviese permiso para contratar a un extranjero, aunque el gaditano no tuviera la menor intención de trasladarse a Barcelona. Ese bloqueo administrativo se tradujo en un importante crecimiento de las contrataciones ilegales y, consecuentemente, de la economía sumergida.

El instrumento que rompió esa situación se llama Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, y fue introducido por los socialistas en el Reglamento que desarrolló la Ley de Extranjería en el verano de 2005, justo después del proceso de normalización que permitió regularizar a 600.000 extranjeros que trabajaban en España de manera ilegal.

Cada tres meses, el Servicio Nacional de Empleo (antiguo INEM) elabora en cada provincia, de acuerdo con los sindicatos y los empresarios, una lista de trabajos para los que existe demanda y que los españoles no pueden o no quieren desempeñar. De acuerdo con esa relación, en Almería hacen falta pastores; en Zaragoza, cerrajeros; en Las Palmas, cocineros de barco; en Barcelona, lavacoches; en Madrid, taxistas...

El Ministerio de Trabajo ofrece a los empresarios dos mecanismos para buscar en el extranjero a los trabajadores que no hallan en España. El primero es el denominado régimen general. A través del mismo, pueden contratar a personas concretas, con nombres y apellidos. El segundo mecanismo es el contingente, que permite solicitar cupos de trabajadores anónimos para sectores de actividad determinados.

La Administración proporciona a todos los extranjeros contratados a través del régimen general un permiso de residencia y trabajo de un año en una provincia y en un sector de actividad concretos. Durante ese tiempo no pueden trabajar en un sector o en una provincia distinta de los que especifica su contrato. Sin embargo, cuando el primer año expira, tienen la posibilidad de prorrogar sus permisos de estancia y de trabajo, para todo el ámbito nacional y en cualquier sector de actividad, siempre que consigan otro empleo legal. Fuen

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