Expansión
Las situaciones de crisis nos condicionan a la hora de tomar decisiones racionales, lo cual provoca que olvidemos principios lógicos y contribuyamos paradójicamente a intensificar el efecto negativo que tratábamos de evitar. Me temo que algunas de las últimas medidas adoptadas por organismos públicos encargados de fomentar el ecosistema emprendedor en España pueden generar ese efecto boomerang.
Hemos disfrutado de una década de auge del emprendimiento, donde conjuntamente el sector privado y el público trabajaban para hacerlo despegar. En este proceso, la Administración ha incentivado a través del sistema educativo la formación de recursos técnicos, sobre todo programadores, y la creación de espacios útiles y accesibles para la instalación de nuevas empresas. Por su parte, el sector privado ha contribuido con capital para el desarrollo y crecimiento de start up, tejido una red de mentores experimentados o aportado formación avanzada en nichos específicos.
En la medida en que algunos de estos emprendedores han comenzado a tener éxito, ellos mismos se han convertido en inversores. Esto, sumado a la reinversión que realizan los inversores que han tenido más éxito, generan un círculo positivo que se retroalimenta y crece hasta hacer innecesaria la aportación del estado.
Hasta aquí todo bien, el círculo positivo estaba empezando a cobrar volumen y velocidad. Pero en este tipo de ecosistemas, sobre todo en la fase incipiente, la financiación que aporta el sector público es vital para generar la masa crítica suficiente para que luego el círculo virtuoso del crecimiento pueda sostenerse por sí solo, como lo hacen otros ecosistemas ya famosos como el conocido Silicon Valley. Dicho de otro modo, el Estado aporta el combustible necesario para que el avión despegue. Pero, ¿qué sucede si le quitamos potencia cuando apenas ha levantado las ruedas de la pista? Sí, es el peor momento.
Durante estos años, a pesar de las mejoras pendientes, el sistema de financiación pública de start up e I+D se había ido autocorrigiendo hasta configurar un modelo fluido y eficaz. Y una de las medidas más acertadas y beneficiosas para ello había sido desde 2010 la eliminación de la solicitud de garantías a las pequeñas empresas, tanto para los Préstamos a la Investigación y Desarrollo (PIDs) del Centro para el Desarrollo de la Tecnología Industrial (CDTI) como para el Programa Plan Avanza del Ministerio de Industria. En la práctica esto supuso que miles de pequeñas empresas, creadas para el desarrollo y explotación de nuevas tecnologías punteras, pudieran acceder a préstamos blandos de capital público sin necesidad de presentar avales bancarios, algo absolutamente imposible de conseguir para una startup con poco historial.
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